El negociador jefe de la Unión Europea para el brexit, Michel Barnier, avisó hace quince días que la oferta de Theresa May sobre los derechos de los ciudadanos europeos que viven en territorio británico es insuficiente. Este fin de semana los principales grupos políticos de la Eurocámara se han sumado a las críticas y han dejado claro que o Londres mejora la propuesta o vetarán el pacto final sobre el brexit.

“La UE tiene una misión común. Extender, reforzar y expandir los derechos, no reducirlos. Jamás avalaremos la retirada retroactiva de los derechos adquiridos. El Parlamento Europeo se reserva el derecho de rechazar cualquier acuerdo que trate a los ciudadanos de la UE, independientemente de su nacionalidad, de forma menos favorable que en la actualidad”, advierten en una carta conjunta que firman el coordinador de la Eurocámara para el brexit, Guy Verhoftstadt, y los restantes jefes de filas de los principales partidos políticos.

La Eurocámara no se sienta en la mesa de negociación. Es Barnier quien negocia en nombre de los 28 pero esta institución es clave porque tendrá que ratificar el acuerdo final. De ahí la relevancia de la carta, publicada este fin de semana en la prensa británica, en la que alertan de las repercusiones negativas que tendrá para Reino Unido, la UE y los ciudadanos europeos. “Se queda corta” y “si se implementa creará una nube de vaguedad e incertidumbre sobre la vida de millones de europeos”, avisan.

Los eurodiputados recuerdan que la UE está dispuesta a garantizar al millón y pico de británicos que viven en el continente, incluidos sus familiares, los mismos derechos y el mismo nivel de protección del que gozan los ciudadanos europeos. Es decir, que todos los derechos -de pensiones, trabajo, educación, prestaciones sociales…..- que hayan adquirido antes de la fecha de salida -el 29 de marzo de 2019- se mantendrán de por vida.

“CIUDADANOS DE SEGUNDA”

El gobierno británico, en cambio, propone una fórmula que podría crear “ciudadanos de segunda” y que recortará derechos. “Los europeos no solo perderían su derecho a votar en las elecciones locales sino que los futuros miembros de su familia también estarían sujetos a requisitos mínimos de ingreso y no está claro cual será el estatus de los bebes que nazcan tras el brexit”, avisan.

Los eurodiputados también claman que el plan británico aumentará el papeleo y no ofrece garantías legales suficientes si Londres persiste en su idea de librarse del Tribunal de Justicia de la UE. Cada miembro de las familias con el “estatus de establecido” deberá rellenar una solicitud por separado, incluidos los niños. Aquellos que no lleven los cinco años de residencia legal tendrán que hacer, mientras, dos solicitudes. La primera para solicitar la permanencia y la segunda para pedir el estatus.

El plan de Londres deja, sin embargo, muchas incógnitas. “¿Los estudiantes europeos tendrán que pagar más en el año académico 2019-2020?, ¿Por qué no mencionan a los trabajadores fronterizos que trabajan en Reino Unido pero viven en la UE?”, se preguntan los miembros de la Eurocámara. “A comienzos de 2019 los eurodiputados tendrán la última palabra sobre el acuerdo del brexit. Las negociaciones tendrán que completarse para el 30 de marzo. No apoyaremos ninguna extensión del plazo”, avisan.