España adquiere importantes compromisos en materia de procedimientos de asilo y reasentamiento de refugiados que luego no cumple. El informe anual de Amnistía Internacional (AI) recoge dos cifras significativas. España accedió, en el 2016, a recibir, en el marco de programas de asentamiento, a 1.449 personas procedentes de Oriente Medio y el norte de África y para diciembre sólo habían llegado 289 personas. De igual manera, pasando por alto el compromiso de recibir 15.888 personas necesitadas de protección internacional desde Italia y Grecia -en virtud del programa de reubicación interna de la Unión Europea- solo se han reubicado 609.

En relación a al salud de las personas migrantes, las medidas de austeridad continúan afectando negativamente a sus derechos. El acceso a la salud y la protección social de algunos de los grupos en situación de mayor vulnerabilidad brilla por su ausencia. Cae como una losa la repercusión de la ley aprobada en el 2012 -avalada posteriormente por el Tribunal Constitucional- por la que se restringía el acceso de las personas migrantes irregulares a la asistencia médica gratuita. Hasta el momento, se ha retirado la tarjeta sanitaria a 748.835 personas, lo que suprime o limita gravemente su acceso al sistema de salud, llegando a poner en riesgo sus vidas en algunas ocasiones. En este supuesto, las mujeres sufren especialmente sus efectos en tanto que se topan con una barrera inexpugnable en salud reproductiva.

En relación a los inmigrantes que intentaron acceder a losenclaves de Ceuta y Melilla desde Marruecos, AI asegura que muchos han sido objeto de malos tratos, tortura y uso excesivode la fuerza; delitos que no se investigaron de forma eficaz después de que algunos afectados presentaran denuncia.

ENALTECIMIENTO DEL TERRORISMO

Amnistía Internacional advierte de que en España se ha seguido utilizando el delito de "enaltecimiento del terrorismo" para procesar a personas que ejercía de manera pacífica su derecho a la libertad de expresión. A lo largo del año 2016, la oenegé reporta que se han impuesto restricciones injustificadas a los derechos a la libertad de expresión, reunión e información basadas en la nueva Ley de Seguridad Ciudadana en vigor desde el 2015.

Como ejemplo de este supuesto, el 5 de febrero del 2016 los titiriteros Alfonso Lázado de la Fuente y Raél García Pérez fueron detenidos tras representar una obra en la que una de las marionetas exhibía una pancarta en la que se leía 'Viva Alka-ETA'. Se les acusó de enaltecimiento del terrorismo e incitación al odio.