Colombia espera que este domingo a medianoche empiece a abrirse de manera definitiva una de las puertas pendientes de la pacificación. A esa hora entrará en vigor el cese el fuego acordado entre el Gobierno y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), la última guerrilla activas en un país que quiere dejar atrás las marcas cotidianas de la violencia política.
El pacto fue forjado en Quito con idas y venidas y regirá hasta el 9 de enero del próximo año. Antes que finalice, se estudiará la posibilidad de extenderlo, entre otras razones, para no enturbiar el proceso electoral en el que el tema de la paz será gravitante. Los analistas insisten que eso dependerá del cumplimiento de los compromisos adquiridos por las partes.
La insurgencia suspenderá durante estos meses los secuestros, el reclutamiento de menores y los sabotajes contra los oleoductos. Además, deben contribuir al desminado. Si bien el Estado no se retirará de las zonas de conflicto, redoblará sus esfuerzos para proteger a los líderes sociales y defensores de derechos humanos. Este año han caído más de ochenta en manos de narcotraficantes y paramilitares de ultraderecha.
MEJORAR LAS CONDICIONES
Las autoridades han asumido a su vez la obligación de mejorar las condiciones carcelarias de los integrantes de la guerrilla que cumplen condenas y han promovido leyes que despenalicen la protesta social. A diferencia de las negociaciones de paz con las FARC que derivaron en el abandono de las armas y la conversión de la insurgencia en partido político, el acuerdo alcanzado con el ELN es apenas el inicio de un camino que puede llevar en esa misma dirección. Pero eso requerirá de tiempo y paciencia. Dependerá también de que la derecha que lidera el expresidente Álvaro Uribe no vuelva al poder.
