Absorto en balbuceos sin sentido y sin separarse de su desgastada gorra, que según él le protegía de las voces que asaltaban sus pensamientos, pasó sus últimas horas el brasileño Rodrigo Muxfeldt Gularte. Condenado a pena de muerte en 2005 por intentar pasar seis kilogramos de cocaína en tablas de surf durante un viaje a Bali, este surfista brasileño de 42 años vivió sus últimos diez años de vida entre delirios, producto de la esquizofrenia que padecía, en una precaria celda en una cárcel de Indonesia.

Los disparos de 12 oficiales del Ejército indonesio han roto el silencio este martes por la tarde en la remota isla de Nusakambangan poniendo punto final a la agónica espera de Gularte, y de paso a la vida de los australianos Andrew Chan y Myuran Sukumaran; el ghanés Martin Anderson; el indonesio Zainal Abidin y los nigerianos Raheem Agbaje, Silvester Obiekwe Nwaolise y Okwudili Oyatanze. Solo se ha salvado in extremis la filipina Mary Jane Veloso, perdonada a última hora por el presidente indonesio, Joko Widodo. La "terapia de choque" contra el tráfico de drogas de Widodo ha sido aplicada sin miramientos. Todo ello a pesar de las peticiones de los gobiernos de Australia, Brasil y Filipinas, además del secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, para detener las ejecuciones.

"Resulta escandaloso que un país cuyas instituciones padecen una corrupción endémica utilice la ejecución de ciudadanos extranjeros como un instrumento político", explica a EL PERIÓDICO la directora de la oenegé Human Rights Watch (HRW) en Brasil, Maria Laura Canineu. Conocida por su lucha a favor de los derechos humanos alrededor del mundo, HRW ha intentado hasta el último momento asesorar a los familiares del brasileño, Rodrigo Gularte, y la filipina, Mary Jane Veloso, cuyos casos son claramente violaciones de la legislación internacional.

"Ejecutar a un enfermo de esquizofrenia no solamente viola todos los acuerdos internacionales a los que Indonesia se adhirió en los últimos años, sino que infringe la propia ley del país", aclara la activista, quien, al igual que el Gobierno de Brasil, había exigido por motivos humanitarios la inmediata internación del brasileño en una institución mental. En el caso de Mary Jane Veloso, de 30 años, la experta no duda en afirmar que se trata "del clásico ejemplo de persona víctima de las redes internacionales de tráfico de drogas".

UTILIZADA COMO MULA

Como explica, la filipina, madre de dos hijos, fue utilizada como "mula" cuando viajó en el 2006 a Indonesia, donde se le prometió una trabajo como asistenta doméstica. En el forro interior de su equipaje un amigo de la familia, relacionado con el mundo del narcotráfico, había ocultado 2,6 kilogramos de cocaína. "Una víctima inocente pagará con su vida las ansias de un gobierno por enseñar al pueblo que ejerce la justicia", había sentenciado Canineu.

Por si fuera poco, las evidencias de supuestos sobornos por parte de los ciudadanos australianos y miembros del cártel de drogas "Bali Nine", Myuran Sukumaran y Andrew Chan, a los jueces del tribunal, que en un inicio habían exigido el pago de grandes cantidades a cambio de dictar penas inferiores a los 20 años, habría sido denunciado por la ministra de Exteriores de Australia, Julie Bishop, que exigió una investigación a fondo antes de proceder a la ejecución de la sentencia.

Cuando todo parecía estar perdido, la confesión de última hora de la ciudadana filipina Maria Cristina Sergio ante la policía de Nueva Écija, asegurando haber sido la persona responsable por la elección de Mary Jane Veloso para el transporte de la cocaína, habría descolocado al obstinado presidente Widodo quien horas antes había rechazado la petición de clemencia de su homólogo filipino, Benigno Aquino. Las vidas de los ocho extranjeros se han decidido en la reunión de urgencia que Widodo ha mantenido con la plana mayor de Indonesia.