Tres días después del hundimiento de un tramo de 200 metros del puente Morandi de Génova, con 38 muertos y alrededor de 20 desaparecidos, este jueves ha irrumpido con fuerza la polémica cruzada entre el Gobierno italiano, la concesionaria de la autopista (Autostrade, filial de Atlantia), la Unión Europea (UE) y los anteriores ejecutivos progresistas italianos. Una pugna en medio de justificaciones y búsqueda de responsables de la tragedia.

“Benetton (accionista mayoritario de Atlantia, concesionaria del puente) no nos financiaba campañas electorales”, ha afirmado Luigi Di Maio, vicepresidente del Gobierno, en referencia a las denuncias de los progresistas. Estos, en cambio, según Di Maio, habrían recibido ayudas a cambio de prorrogar la concesión . “O es un mentiroso o es un chacal”, le ha rebatido el exprimer ministro del progresista Partido Demócrata (PD), Matteo Renzi. Ante semejante cruce de acusaciones e insultos, el también exministro Paolo Gentiloni ha tuitado que le parece “inaudito que el Gobierno alimente amenazas, insultos y tonterías, frente a un país herido”.

Sin indemnizaciones

“No pagaremos ninguna indemnización a Atlantia”, ha sentenciado Di Maio, respecto a los miles de millones (se habla de que la cifra podría alcanzar los 22.000) que el Estado debería pagar a la empresa si finalmente, como ha amenazado, le retira la concesión de la autopista sin aportar una causa cierta y probada. “No esperaremos los plazos de la justicia”, aseguró el primer ministro, Giuseppe Conte, en el sentido de que el Gobierno tiene decidido actuar sin esperar sentencia judicial alguna sobre el derrumbe.

¿No son suficentes 38 muertos?”, había preguntado Matteo Salvini, titular de Interior, justificando la posible retirada de la concesión. Precisamente Salvini está siendo objeto de feroces críticas por unas fotos, colgadas en las redes sociales, de una cena organizada en Sicilia, con casi 300 seguidores de la Liga, solo horas después del trágico derrumbe. Salvini anunció esa misma jornada que se desplazaría a Génova al día siguiente mientras que el jefe del Gobierno y el segundo vicepresidente se desplazaron inmediatamente al lugar de la tragedia.

Gesto de buena voluntad

Salvini ha pedido a Autostrade, como gesto de buena voluntad, “la supresión de los peajes en los 3.000 kilómetros de autopistas”, que “invierta sus beneficios en Génova” y que ponga sobre la mesa 500 millones de euros, ya que “el Gobierno ya ha tenido que aportar cinco millones” para afrontar las primeras emergencias.

El miércoles, Atlantia permitió que las ambulancias y coches de bomberos no pagaran los peajes. La compañía ha lamentado las críticas y amenazas del Gobierno ya que han propiciado su caída en bolsa un 22%. Sobre la posible retirada de la concesión, la mayoría de analistas económicos y bursátiles lo consideran “improbable”.

Respuesta de la UE

La Unión Europea ha responsido ya a la denuncia de varios miembros del Ejecutivo italiano, entre ellos Salvini, que atribuyen a “las trabas burocráticas” y “las rectricciones presupuestarias (de la UE)” la falta de mantenimiento y la precariedad del puente. Christian Spahr, portavoz de la Comisión Europeo, replicó con contundencia y datos: “Italia tiene para el periodo 2014-2020 unos 2.500 millones de euros como fondos europeos estructurales y de cohesión para hacer inversiones en la red de infraestructuras como carreteras y líneas ferroviarias”. Spahr agregó: “Italia es la responsable del mantenimiento del puente derrumbado y disponía de fondos para ello”, y recordó también que “las normas fiscales europeas dan flexibilidad a los Estados para fijar las propias políticas específicas y prioritarias”.

Acabe como acabe la cuestión sobre quién tiene la responsabilidad del hundimiento del puente, la tragedia viene a dificultar un poco más la ejecución de todas las promesas electorales del Gobierno, valoradas entre 60.000 y 100.000 millones según los economistas.