Los partidarios de las teorías de la conspiración que se han ido gestando desde aquel 22 de noviembre de 1963 en que John Fitzgerald Kennedy fue asesinado en Dallas tendrán que seguir esperando para encontrar la pieza clave del puzle que pueda confirmar sus tesis. Menos de 24 horas después de que Donald Trump autorizase la desclasificación de 2.891 documentos que habían permanecido ocultos hasta ahora no parece haber nada que cambie la versión oficial de la historia, que responsabiliza a Lee Harvey Oswald como autor del magnicidio.
Pero a su favor tienen el temblor del presidente, que en última instancia cedió a las presiones de la CIA y el FBI y decidió mantener en la nevera algunos de los archivos por motivos de «seguridad nacional». El arcón desclasificado no deja de ser un tesoro para la prensa, los historiadores y los aficionados al entuerto político más investigado de la segunda mitad del siglo XX. Los nuevos archivos son parte del relato entre bambalinas de la Guerra Fría, un mosaico de cables y memorandos por los que desfilan espías, planes ocultos, mafiosos o cubanos y rusos de distinta índole. Esos documentos ponen de manifiesto, por ejemplo, las sospechas del Kremlin de que Lyndon B. Johnson, el hombre que le sucedió en la Casa Blanca tras servirle como vicepresidente, pudo estar detrás del asesinato, o el temor de las autoridades a que la población no aceptara su versión de los hechos.
Un plan demasiado caro
También detallan algunas de las estratagemas de la CIA para asesinar a Fidel Castro. Un memorando de la agencia que por entonces dirigía Edgar J. Hoover describe una reunión con cubanos exiliados para matar a Fidel, Raúl Castro y el Ché Guevara. «Se consideró que 150.000 dólares para asesinar a Fidel Castro más 5.000 más en gastos era demasiado dinero», dice el documento. Al final, el precio fue de 100.000 dólares. También se airea un plan del Pentágono para derrocar al Gobierno cubano y pagar recompensas a ciudadanos de la isla que «maten o capturen a conocidos».
La pista cubana forma parte de la larga lista de teorías conspiratoria que rodean al asesinato, una idea que se justificaría como venganza a la invasión fallida en Bahía de Cochinos o los reiterados intentos estadounidenses de deshacerse de los líderes cubanos. Pero un borrador de uno de los comités del Congreso que investigó el magnicidio, el House Select Committe on Assasinations, concluyó que la tesis no era verosímil. «El Comité no cree que Castro asesinó al presidente Kennedy porque, de haber sido descubierto, ese acto le hubiera dado a EEUU la excusa para destruir Cuba». También descartó la implicación rusa, aunque a diferencia de la Comisión Warren, concluyó ambiguamente que Kennedy «fue probablemente asesinado como resultado de una conspiración».
El FBI temía que alguien asesinase a Oswald mientras estaba en custodia policial, como finalmente sucedió. En un memorando firmado por Hoover afirma que «anoche recibimos una llamada a nuestra oficina de Dallas de un hombre que hablaba con tranquilidad y nos dijo que era miembro de un comité organizado para matar a Oswald». El documento data del 24 de noviembre, el día en que Jack Ruby le pegó varios tiros enfrente de las cámaras de televisión mientras era trasladado a otra prisión.
«Un neurótico maniático»
Para la Unión Soviética aquellos fueron también días de extrema inquietud. La crisis de los misiles estaba fresca y Kruschev temió que la inestabilidad y el caos político en Washington pudieran desembocar en una guerra. «Nuestra fuente nos dijo además que los funcionarios rusos temían que, ante la falta de liderazgo, algún general irresponsable de EEUU pudiera lanzar un misil contra la Unión Soviética». Tampoco el Kremlin se fiaba de Oswald, a pesar de su comunismo declarado, el tiempo que pasó exiliado en Rusia o los contactos que mantuvo con la embajada rusa en México dos meses antes de apretar el gatillo en Dallas. Un documento del FBI sostiene que el liderazgo en Moscú lo consideraba un «neurótico maniático que fue desleal a su país y a todo lo demás».
Con la publicación de estos últimos documentos, menos del 1% de los archivos clasificados que se guardan en los Archivos Nacionales no han visto todavía la luz. La última desclasificación se produjo en julio, cuando se hicieron públicos más de 3.800 documentos.
