Escasez de sangre en los hospitales y de medicinas en las farmacias, las estanterías de los supermercados vacías, los puertos bloqueados por hileras interminables de camiones, los aviones en tierra sin poder despegar, la libra en caída libre. Los británicos empiezan a vislumbrar la situación en que puede verse el país con un brexit sin acuerdo. Tan catastrófico es el panorama que el Gobierno no se ha atrevido a publicar hasta ahora una lista de medidas para ayudar a empresas, ciudadanos y consumidores a prepararse si el 30 de marzo del 2019 el Reino Unido y la Unión Europea rompen su relación sin reglamentación jurídica alguna. Los conservadores brexiteers, contrarios al plan de Theresa May, tachaban los ahora aplazados avisos gubernamentales de juego político y conspiración para asustar a la gente. Los líderes de sectores muy diferentes de la economía británica, en cambio, no lo ven así.
El pasado viernes, un nuevo informe de la Confederación de la Industria Británica (CBI), que reúne a la crema del empresariado, recordó a los británicos que el brexit «ya no es un debate retórico. Lo que está en juego es el futuro de nuestra nación. Hay que evitar a toda costa las falsas opciones y los eslóganes».
¿Qué ocurrirá realmente si no hay acuerdo? Automáticamente, el Reino Unido se convertirá en un miembro puro y simple de la Organización Mundial de Comercio (OMC). Depender de ese organismo supondría la imposición de una frontera fija con controles entre Irlanda del Norte y la República de Irlanda, algo que pondría en peligro los Acuerdos de Paz y May ha prometido repetidamente que no sucederá. El nuevo sistema implica controles -hoy no existen- en el puerto fronterizo de Dover de todos los camiones que desembarcan allí (2.6 millones en el 2017). Se deberán, además, completar formularios y pagar los derechos de aduana. La pertenencia a la OMC no incluye los acuerdos europeos aéreos, por lo que, teóricamente los aviones británicos no podrían volar a los 27 países europeos, ni estos al Reino Unido. No habrá entre europeos y británicos un reconocimiento mutuo de los productos farmacéuticos. El gigante del sector, AstraZeneca, advirtió el miércoles que la falta de un pacto es una amenaza para el comercio de fármacos vitales en el tratamiento del cáncer, el corazón y el pulmón. El Ministerio de Sanidad ha anunciado que está almacenando medicinas. El ministro para el brexit, Dominic Raab, admitió que el Gobierno tiene planes para asegurar el suministro de alimentos. También desaparecerían los acuerdos fitosanitarios.
Los derechos de los europeos en el Reino Unido y de los británicos en la UE no estarán definidos. Esta semana, un grupo representando a un millón de polacos en Gran Bretaña pidió a May que asegure sus derechos ante el temor de convertirse de pronto en inmigrantes ilegales. Un informe de la Cámara de los Lores también ha advertido que el beneficio del que disfrutan 27 millones de británicos con la Tarjeta Sanitaria Europea «cesará después del brexit si no hay un acuerdo sobre la futura relación en este asunto».
Todos los sectores de la economía se verán afectados y el calendario cuenta. Acabar las negociaciones sin acuerdo significaría que no habrá el periodo de transición fijado hasta el 31 de diciembre del 2020. Si se llega pronto a la conclusión de que el pacto no es posible, existirá al menos un cierto margen para hacer preparativos de cara a la ruptura. Pero si Londres y Bruselas rompen cuando la fecha del 29 de marzo esté encima, la salida puede tener consecuencias muy graves. Nadie parece preparado para afrontar el cúmulo de problemas que acarrearía un brexit sin acuerdo. No lo están, desde luego, las empresas. A esa conclusión llega el estudio de ochocientas sociedades publicado por el Instituto de Directores (IoD), que representa a la patronal. La mitad de las empresas no han hecho preparativo alguno, porque no ven, o no quieren ver, lo que se avecina. Sólo el 8% han comenzado a tomar medidas. «Muchos pequeños negocios tienen la sensación de que no pueden hacer planes, no tienen suficiente información, incluida la posibilidad de que no haya acuerdo», lamenta Allie Renison, de la Sección Europea de Comercio del (IoD).
Más cauto, el sector de la abogacía está tomando medidas preventivas. Los abogados británicos se están registrando masivamente en Irlanda. Un fenómeno que la Law Society, el organismo regulador de la profesión en Inglaterra, califica de «tsunami». Los profesionales en despachos temen perder el derecho a representar a clientes en Europa después del brexit, de ahí que busquen la salida irlandesa.
