Amnistía Internacional (AI) acusó este martes a Birmania (Myanmar) de imponer un régimen de "apartheid" a la minoría musulmana rohingyas, y denunció que este sistema "institucionalizado" de discriminación constituye un crimen contra la humanidad.
La organización hizo la denuncia en la presentación en Bangkok de una investigación de dos años sobre las condiciones que los rohingyas padecen en el estado Rakáin, en el oeste de Birmania, donde esta minoría no tiene reconocida la ciudadanía.
Según AI, los rohinyás están "atrapados en un sistema viciado de discriminación institucionalizada y promovida por el estado" que supone la "restricción severa de virtualmente todos los aspectos de sus vidas", incluido el confinamiento en guetos.
SISTEMA DESHUMANIZADOR
"Las autoridades de Birmania mantienen a hombres, mujeres y niños rohingyas segregados e intimidados en un sistema deshumanizador de apartheid", dijo la directora de investigación de AI, Anna Neistat, en un comunicado.
AI señaló que la represión contra los rohinyás se intensificó "dramáticamente" tras el brote de violencia sectaria entre comunidades de esta minoría y de la mayoría budista rakáin en 2012.
Esto supuso la implantación de una "intrincada red de leyes" que, entre otros, restringe su libertad de movimientos -lo que les impide acceso a empleo, asistencia sanitaria o educación- o les priva de ciudadanía y documentos de identificación.
IMPOSIBLE RETORNO
La organización señaló que esto impide el retorno de los rohingyas que han salido del país, incluidos los 700.000 que huyeron hacia Bangladesh tras las operaciones que el ejército birmano llevó a cabo en el norte de Rakáin en 2016 y 2017 en respuesta a ataques de insurgentes de esta minoría.
"Este sistema parece estar diseñado para hacer que las vidas de los rohinyás sea lo más humillante y sin esperanza posible", añadió Neistat que calificó como "limpieza étnica" esta última campaña militar.
Según AI, las autoridades birmanas tienen la obligación legal de desmantelar este sistema de apartheid, considerado como crimen contra la humanidad, y llevar ante la justicia a los responsables por estas acciones.
La de AI es la última de una serie de denuncias por el trato que sufre la minoría rohinyá, incluida la del alto comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, que acusó al ejército birmano de llevar a cabo una "limpieza étnica de manual".
Alrededor de un millón de rohinyás vivían en Rakhine antes de las últimas operaciones militares que provocaron al éxodo de refugiados a Bangladesh.
