La Cámara de la Propiedad Urbana de Córdoba considera que el Ayuntamiento debería conceder a los contribuyentes la posibilidad de formular nuevas alegaciones a las normas urbanísticas del Plan de Ordenación de la ciudad que, según se recogía en una sentencia reciente de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, carecía de validez. Rafael Enríquez, secretario de la Cámara de la Propiedad Urbana, considera que el PGOU se aprobó en agosto de 1986 de forma irregular.
La Fapa critica a Educación por implicar a los padres en la decisión del tipo de jornada escolar
