Diez de los 80 alumnos que participan este año en el Laboratorio Jurídico sobre Desahucios de la Universidad de Córdoba, coordinado por el profesor de Derecho Antonio Manuel Rodríguez, dieron ayer en el Parlamento de Andalucía una lección de compromiso social al presentar ante miembros de todos los grupos políticos de la cámara autonómica las propuestas surgidas en la sesión del Tribunal Internacional sobre Desalojos celebrada en Córdoba y convertirse en altavoz de una serie de ideas que, llevadas a la práctica, podrían suponer una mayor garantía de derechos sociales como el de la vivienda.
Según explicó Atenea Rodríguez, estudiante de 3º de Derecho, además de plantear la creación de una Fiscalía específica sobre desahucios y reclamar que se configure como maltrato la negativa de un hombre a firmar la dación en pago de una vivienda pendiente de desahucio cuando ésta corresponde a su exmujer, se ha planteado una PNL para que el Parlamento andaluz inste al Gobierno central a firmar la Carta Social Europea de 1996, un documento que supone una garantía de los derechos sociales (vivienda, salud, educación...) a la que están adheridos 34 países, entre ellos vecinos de España como Francia, Portugal e Italia. Según Luis Jimena, expresidente del Comité Europeo de Derechos Sociales, órgano con sede en Estrasburgo encargado de velar por el cumplimiento de los mandatos que establece esta carta, «España pertenece al grupo de la vergüenza» formado por 9 países (entre ellos, Reino Unido, Alemania, Dinamarca o Luxemburgo) que se niegan a firmar un documento que les haría estar bajo supervisión europea en materia de derechos sociales obligándoles por sentencias vinculantes y de obligado cumplimiento a rectificar en caso de prosperar reclamaciones colectivas por violación de derechos sociales. En opinión de Jimena, «en España habrá un déficit de democracia y de garantías mientras no se firme esta Carta Social Europea». Jimena, comprometido con la difusión de esta causa, critica además que «ningún partido político en el Gobierno haya dado el paso y que ningún partido haya incluido hasta ahora esta medida en su programa electoral».
El presidente del Parlamento andaluz, Juan Pablo Durán, asistió a la sesión completa del laboratorio, tras la cual mostró su satisfacción por el resultado y animó a extender la iniciativa al resto de universidades andaluzas y a «buscar una fórmula para institucionalizar las relaciones entre el Parlamento y la Universidad», para que las propuestas que puedan resultar útiles tengan desarrollo práctico. En cuanto a la PNL sobre la Carta Social, indicó que el estatuto andaluz es el único que incluye como principio este documento, aunque reconoció que no está ratificado por las Cortes Generales.
