La fiscala del Tribunal Supremo Ángeles Garrido fue la primera en intervenir ante la Sala de lo Penal que revisará la condena de Iñaki Urdangarin y su exsocio Diego Torres. Su turno, limitado a un maximo de 10 minutos, se dedicó a pedir el aumento de la condena de ambos, por haber "constituido el motor de toda la secuencia del delito que es objeto de enjuiciamiento".

Para la representante del ministerio público tanto Urdangarín, para el que pide que se aumente su condena hasta los 10 años de cárcel, como Torres (solicita que se eleve a 12 años y medio) "fueron los instigadores de la corrupción de los funcionarios públicos en la realización de las operaciones". Es decir, que sin ellos no se habría producido la malversación de caudales públicos que se juzgó en el 'caso Nóos'.

Gran parte de su intervención ha versado sobre los convenios firmados con la Comunidad Valenciana por los que la Audiencia de Baleares no les condenó. La fiscala ha sostenido que cuando los intereses particulares prevalecen sobre los públicos se incurre en prevaricación, y en ese caso hubo "una omisión absoluta del un procedimiento administrativo (el concurso y la publicidad); solo existió la convivencia entre Urdangarin y Torres y los funcionarios requeridos". Pese a que la sindicatura de cuentas les advirtió cuando ya se habían firmado dos convenios, aún hubo un tercero, lo que considera constitutivo de un delito de prevaricación continuada.

"La ley es como la muerte"

Por su parte, la abogada del Estado pidió que se condene a Urdangarin a 10 meses más de prisión por los delitos fiscales a los que se le condenó. Al término de su intervención parafraseó a Montesquieu y aseguró que "la ley es como la muerte y no puede exceptúa a nadie" y pidió que se estimaran sus alegaciones para cumplir con el requisito del "imperio de la ley".

Por su parte, la abogada que representa al Govern Balear, Ángeles Berrocal, instó la devolución del dinero público que recayó en Nóos. "Entendemos que mi un solo céntimo de euro de dinero público puede quedar sin justificación", sostuvo para centrarse en la actuación del expresidente balear Jaume Matas, condenado a 3 años y 8 meses de cárcel y para el que la fiscalía pide que su pena se eleve un año más.

Según la letrada, "cuanto Matas le dice a Urdangarin que le contrata" para la realización de unos foros que supusieron un desembolso que superó el millón de euros, a los que solo asistieron 120 ciudadanos, era "tanta su seguridad de que da lo mismo lo que haga con los fondos, que no hay ni un solo papel de justificación". En su intervención, pidió al tribunal que ordene resarcir los fondos malversados a la adminstración y no le lleve a acudir a otra vía.

Y el sindicato Manos Limpias, investigado en Audiencia Nacional por extorsión, defendió su actuación en el juicio del 'caso Nóos' al lograr que se sentara en el banquillo la infanta Cristina. Ante el Supremo intenta que se le exonere del pago de costas al que le condenó la Audiencia de Baleares.