La magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) Mercedes Armas, que tramita la querella contra Carles Puigdemont y su Gobierno, ha ordenado a la Guardia Civil que, en la mayor brevedad posible, informe de qué medios de comunicación radicados en Cataluña (menos TV-3 y Catalunya Radio) han insertado cualquier tipo de publicidad institucional o propaganda sobre la convocatoria del 1-O. Asimismo, ha ordenado que se adopten las medidas técnicas oportunas para deshabilitar cualquier acceso a dos páginas de internet vinculadas al referéndum, una sobre voluntarios y otra sobre garantías de la consulta.

La jueza no ha aceptado por ahora la petición de la Fiscalía Superior de Justicia de Cataluña de que se reclamara al presidente de la Generalitat y a los miembros del Ejecutivo catalán una fianza civil para hacer frente a eventuales responsabilidades económicas, como indemnizaciones o multas. La fiscalía se ha querellado contra Puigdemont y los 'consellers' por los presuntos delitos de prevariación, desobediencia y malversación de caudales públicos por la convocatoria del referéndum y la ley que regulaba el mismo.