El juez del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), Carlos Ramos, ha desestimado la petición de la Fiscalía Anticorrupción de prohibir la salida de España al diputado y el exconseller de Justícia, Germà Gordó, que este jueves declaró durante más de cuatro horas acusado de haber intermediado con empresario para que hicieran donaciones a dos fundaciones vinculadas a la extinta CDC a cambio de la adjudicación de obra pública. Es el denominado 'caso 3%'. El político, exdiputado de Junts pel Sí y ahora parlamentario no adscrito, tampoco deberá entregar el teléfono móvil particular, tal y como solicitó la acusación pública. El que da el Parlament ya lo dio tras su interrogatorio.

El diputado admitió en su declaración que se había reunido con empresarios por razón de su cargo (secretario del Govern primero y 'conseller' de Justícia, después), pero negó haber reclamado dinero a cambio de obras píblicas. También dijo desconocer que algunos empresarios le denominaban Gregorio y Gerardo. Estos dos nombres figuran en algunas anotaciones intervenidas en los registros efectuados a directivos de algunas compañías.

La Guardia Civil ha podido reconstruir las agendas oficiales de Gordó que la Generalitat dijo que se habían borrado de los servidores oficiales.