El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) conhsidera que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y todo su Gobierno "habría utilizado arbitrariamente las potestades" que tienen como miembros del Ejecutivo para impulsar la convocatoria del referéndum del 1-0 y, por lo tanto, podríam haber cometido un delito de prevaricación. Así lo expone el auto del alto tribunal que admite a trámite la querella presentada por la Fiscalía Superior de Justícia de Catalunya contra el mandatario catalán y su equipo por los presuntos delitos de prevariación, desobediencia y malversación de fondos públicos.
Los magistrados detallan en su auto que la convocatoria del referéndum y la aprobación de la ley del referéndum "podrían ser constitutivos" de estos delitos. El TSJC ha decidido acumular esta querella a otra que se está instruyendo contra la 'consellera' de Governació, Meritxell Borrás, por la licitación de las urnas. La jueza que instruye este proceso debe ahora decidir sobre las medidas cautelares solicitadas por la fiscalía, entre ellas que se ordene a los Mossos, Guardia Civil y Policía Nacional impedir cualquier acto preparatorio del 1-0 y la imposición de una fianza contra los miembros del Ejecutivo catalán para que respondan ante eventuales responsabilidades pecunarias.
