El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha admitido a trámite la querella presentada la semana pasada por la Fiscalía Superior de Cataluña contra la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, por los delitos de prevaricación y desobediencia supuestamente cometidos por permitir la votación, el pasado 27 de julio, de las conclusiones de la comisión de estudio del proceso constituyente. La acusación pública imputa a la parlamentaria "actuar con total desprecio a la Constitución de 1978", "dinamitando el sistema de distribución de competencias establecidas en el modelo territorial del Estado" y buscando "la derogación por la vía de hecho de la Constitución".

La jueza instructora del proceso penal será la magistrada Maria Eugenia Alegret, expresidenta del TSJC. Al admitir la querella, se han abierto ya unas diligencias contra Forcadell por los presuntos delitos de desobediencia y prevaricación, La resolución dictada este martes sostiene que la valoración de los hechos, en estos momentos, debe "limitarse a un juicio de verosimilitud sobre la califiación delictiva" y su presunta atribución al querellado o denunciado, "sin perjuicio de su presunción de inocencia". Por lo tanto, por ahora no procede a "ofrecerse mayores explicaciones ni probanzas, en tanto la resolución de admisión es precisamente la que abre la investigación judicial". Será la jueza instructora la que deberá decidir cuando cita a declarar a la presidenta del Parlament, así como las pruebas o documentos que deben solicitarse.

ARBITRARIEDAD

La fiscalía manifiesta que su actuación señala la "intrínseca arbitrariedad" con que Forcadell, en un "ejercicio desviado" de sus funciones públicas, permitió la votación. Indica que la actuación de la presidenta del Parlament fue encaminada a "desvincular" a Cataluña del "sistema constitucional" y subraya que la resolución aprobada tenía como "finalidad" abrir un proceso constituyente, "concretando un plan preciso para la secesión" y atribuyendo al Parlament un poder que, como ya había afirmado el Tribunal Constitucional, supone "la negación de las cláusulas esenciales de la Constitución y la instauración de un principio de legitimidad en contradicción absoluta con ella".

APOYO DEL GOVERN

El Govern, por su parte, ha dado pleno apoyo a la presidenta del Parlament. Y ha hecho una valoración bastante dura de los hechos: "Se demuestra que mientras el sistema político catalán puede acabar en el banquillo de los acusados, el sistema político de los 'Gürtel', 'ERE' y 'Fernándezgate' queda impune", ha dicho la portavoz Neus Munté.

Desde su cuenta en Twitter, el 'president' Carles Puigdemont ha trasladado todo su apoyo a Forcadell y ha defendido que, desde su cargo en el Parlament, "garantiza su protección y respeto".

La propia Forcadell ha utilizado igualmente la red social para reiterar su convencimiento de que en la Cámara catalana "se tiene que poder hablar de todo lo que afecta a los ciudadanos".

Por su parte, el 'expresident' Artur Mas, imputado por la consulta del 9-N, ha ido un paso más allá al reclamar una nuevamovilización en calle en defensa de la presidenta del Parlament. Catalunya Sí que es Pot criticó otra vez la "judicialización de la política" por parte del Estado. Ciutadans y el PPC exigieron la dimisión de Forcadell.