El Tribunal de Cuentas ha impuesto una fianza solidaria de 5.251.948 euros al expresidente de la Generalitat catalana Artur Mas y a tres de sus exconsejeros por usar fondos públicos el 9 de noviembre de 2014, fecha en la que se celebró lo que se conoce como proceso participativo sobre el futuro político de Cataluña, una consulta independentista no oficial que se puso en marcha en la comunidad catalana una vez que el Tribunal Constitucional echó por tierra la intentona de organizar un referéndum. Ayer, el tribunal comunicó a los representantes legales de Mas, su exvicepresidenta Joana Ortega, sus exconsellers Irene Rigau y Francesc Homs y otras siete personas que participaron en la organización del 9-N el fin de la instrucción de las diligencias abiertas tras la denuncia de Sociedad Civil Catalana (SCC) y la Asociación de Abogados Catalanes por usar fondos públicos en la consulta del 2014.
La cifra responde a los gastos de la organización, unos 4.831.599,03 euros, más los intereses generados hasta el momento, que suponen alrededor de 420.349,14 euros. Ahora, los afectados disponen de 15 días para depositar la fianza y, de no poder ejecutarla, se les embargarán bienes, cuentas bancarias y su patrimonio. La cantidad de 5,25 millones de euros es el total al que Mas tendrá que responder de forma solidaria si el resto de exdirigentes no consignan sus respectivas fianzas.
Mientras tanto, a Rigau se le ha impuesto un máximo de 3.044.399,09 euros, a Homs hasta 2.127.580,09 y a Ortega hasta 839.439,75, aunque los denunciados están preparando alegaciones. Rafael Entrena, abogado de Mas, Ortega y de otros dos implicados, manifestó su «absoluta disconformidad» con la resolución. «Creemos que es un clarísimo ejemplo de desviación de poder, se está instrumentalizando al Tribunal de Cuentas para exigir en la práctica resposabilidades políticas y advertir a terceros», señaló.
LOS HECHOS / Los denunciantes individualizaron gastos públicos por importe global de más de 5 millones: construcción de una página web institucional (14.837.60 euros); material para votar (70.532,08); adquisición de ordenadores portátiles para mesas de votación (828.171,42); póliza aseguradora para voluntarios (1.409,26); apoyo informático a la consulta (1.106.185,77) y envío de información (307.962,71).
Mas responde por todos ellos, pero además de él y sus tres exconsellers, también están implicados otros altos cargos, como Jordi Vilajoana, Lluis Bertrán i Saura, Josefina Valls i Villa, Carolina Pardo Miguel, Jaume Domingo i Planas, Ignasi Genovés i Avellana, Jordi Serra i Catalán y Jordi Vilajoana i Rovira. Fuentes del Tribunal aseguraron que se facilitará a los representantes legales un acta de liquidación provisional con lo que tiene que pagar cada uno de los encartados, representados por cuatro abogados y un procurador.
El Tribunal de Cuentas ya dijo que con Artur Mas y demás investigados se ha seguido el «procedimiento habitual» en los casos de alcance o malversación por daño a los fondos públicos, según lo previsto en la ley de funcionamiento del Tribunal.
La denuncia de Sociedad Civil Catalana y la Asociación de Abogados Catalanes se justificaba en que, aunque Mas y sus consejeros ya habían sido condenados por desobedecer al TC al organizar aquella consulta del 2014, ello no les eximía de su responsabilidad contable por el uso irregular de dinero público.
INHABILITADOS POR EL SUPREMO / Este procedimiento contable se suma a las condenas de los cuatro políticos catalanes, que ya fueron sentenciados por la vía penal. Por un lado, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) condenó a dos años de inhabilitación a Artur Mas y a nueve meses a las consejeras Ortega y Rigau por desobedecer al Tribunal Constitucional con la consulta independentista celebrada el 9 de noviembre de 2014. Por su parte, Francesc Homs fue juzgado por el Tribunal Supremo en calidad de aforado por su condición de diputado en el Congreso e igualmente condenado a un año y un mes de inhabilitación por los mismos hechos.
En su resolución, el Tribunal Supremo precisó que limitaba su ámbito de conocimiento a los delitos por los que se le acusaba y no se cuestionaba si la aplicación económica de los fondos públicos tiene relevancia penal. Por ese motivo no entró a valorar si había existido malversación de fondos públicos con la organización de la consulta, que supuso un desembolso para las arcas públicas de 5 millones de euros.
