El expresidente de la Generalitat, Artur Mas, deberá declarar en el juicio que se celebrará el próximo 10 de octubre en el Tribunal de Cuentas por los gastos de la consulta soberanista del 9 de noviembre del 2014, según ha podido confirmar EL PERIÓDICO. También comparecerán la exvicepresidenta, Joana Ortega, y los 'exconsellers' Irene Rigau y Francsc Homs. Todos ellos figuran como demandados en el proceso contable que se sigue en este órgano fiscalizador.

El pasado mes de junio el Tribunal de Cuentas fijó en 4,9 millones de euros la cantidad que se reclama al exmandatario catalán y a los tres miembros de su Ejecutivos, entre otros exaltos cargos, por presunta responsabilidad contable en la celebración del 9-N. Este organismo ha escogido la suma alegada por la fiscalía, que es la más alta de las solicitadas por las partes acusadoras, entre ellas las asociaciones Abogados Catalanes por la Constitución y Sociedad Civil Catalana.

El juicio está previsto que se celebre el 10 y el 11 de octubre. El primer día se interrogará Mas, Ortega, Rigau y Homs. Las fuentes jurídicas consultadas han apuntado que la declaración de demandados no es habitual. Estas son las únicas cuatro personas que comparecerán, cuando el número de demandados en superior

El embargo

El Tribunal de Cuentas acordó en diciembre del año pasado el embargo provisional de la casa del expresidente de la Generalitat Artur Mas con el fin de cubrir los 2,4 millones de euros que le restaban para hacer frente a la fianza d 5,2 millones de euros por la organización del 9-N. Fue el propio Mas quien puso su domicilio como garantía de cara a cubrir las responsabilidades a las que podría ser condenado en este procedimiento contable y podrá seguir viviendo en el inmueble de la calle de Tuset de Barcelona. Pese a los llamamientos públicos del dirigente convergente para cubrir la fianza fijada, la Assemblea Nacional Catalana (ANC) solo pudo reunir 2.331.078 euros en efectivo.

Tanto el expresidente como la exvicepresidenta y los dos exconsellers ya fueron condenados por la vía penal a inhabilitación.