El exjefe de los Mossos Josep Lluís Trapero declaró ayer ante la jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela que pidió al entonces presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, que desconvocara el 1-O. Explicó que ante la inmediatez del referéndum que había sido declarado ilegal pidió un encuentro con el Govern y hubo dos, el 26 y el 28 de septiembre. En ellos planteó la preocupación del cuerpo policial por los problemas de seguridad ciudadana, orden público y riesgo de enfrentamiento que entendía planteaba la votación convocada.

Además, según fuentes jurídicas, expresó el malestar de los jefes policiales ante declaraciones públicas que anunciaban que los Mossos facilitarían la votación, en el sentido ya manifestado por el exconseller Joaquim Forn desde el día siguiente a su nombramiento en julio y que provocaron la dimisión inmediata del entonces director general de los Mossos, Albert Batlle.

DICOTOMÍA / A una u otra de esas reuniones asistieron por el Govern Puigdemont, Forn y el exvicepresidente Oriol Junqueras, y por los Mossos, su actual jefe, Ferran López, y los comisarios Juan Carlos Molinero, Emilio Quevedo y Manuel Castellví. López declaró ayer como testigo cuando concluyó Trapero y señaló que en ellas informó de que los mossos cumplirían el mandato dado por la fiscalía y el Tribunal Superior de Cataluña para impedir el referéndum.

Las declaraciones prestadas ayer por Trapero y López ante la magistrada, según fuentes jurídicas, fueron muy elocuentes sobre la dicotomía que vivió el cuerpo policial entre colaborar con los planes del Govern y su obligación de cumplir los mandamientos judiciales.

La fiscalía justificó en los «detalles importantes» aportados y la «agravación de su situación personal» la petición de fianza de 50.000 euros realizada para el mayor de los Mossos, una opción que la magistrada rechazó y le mantuvo las comparecencias quincenales, al entender que desde su actual puesto no puede comprometer una investigación que ya está «bastante avanzada». La defensa de Trapero sostiene que ya mencionó esas reuniones el pasado diciembre.

Durante su declaración, Trapero se desvinculó del «plan premeditado» para favorecer la votación del 1-O que se atribuye a la excúpula de la Generalitat, por el que existe la posibilidad de que, además de por dos delitos de sedición (uno por las protestas del 20 de septiembre tras los arrestos de la operación Anubis y otro por el 1 de octubre), se le impute un delito de organización criminal. Y quiso dejar claro que los mossos estaban fueran del procés.

17 LLAMADAS A SÀNCHEZ / Pero según las fuentes consultadas no pudo acreditar que los cierres de los colegios realizados por mossos fuesen efectivos ni acreditar que recogiesen listas de mesas electorales o que requisaran efecto alguno que no fuera entregado voluntariamente y careciera de interés para la investigación.

En cuanto a las 17 llamadas que, según la fiscalía, dirigió al entonces presidente de la Asamblea Nacional Catalana (ACN), Jordi Sànchez, el 20 de septiembre, explicó que las efectuó por instrucciones de Forn, al que mantuvo informado de su contenido, lo que refleja la sintonía existente entre ellos.

Contra Trapero ha tenido un gran peso la declaración del coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos. En el auto de citación la magistrada señalaba que la actuación de los Mossos ese día y el 1-O «fue dirigida a obstruir cualquier actuación que bloquease el plan estratégico hacia la independencia».