El Tribunal Constitucional (TC) no ha perdido el tiempo y ha admitido este martes el recurso del Gobierno contra las cuentas de la Generalitat que incluían partidas destinadas al referéndum, lo que ha supuesto que queden anuladas cautelarmente durante al menos cinco meses. Para alejar cualquier duda, la providencia incluye apercibimientos hasta penales al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, el Govern y altos cargos de la Generalitat relacionados con los presupuestos.
Para cuando el alto tribunal entre a resolver el fondo de la impugnación también tendrá sobre su mesa los que para entonces ya habrán interpuesto el PSOE, por un lado, y el PP y C's. Como se está convirtiendo en costumbre, los servicios jurídicos del Estado incorporaban la petición de que se notifique "personalmente" la providencia de admisión al 'president', Carles Puigdemont, a todos los 'consellers', así como a los secretarios del Govern y de Vicepresidència, a la interventora general de la Generalitat, al director de contratación y al director general de Presupuestos.
Además, pedía que se les advierta de su deber "de impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir la suspensión" que se decrete, y que se "abstengan" de adoptar acuerdos para disponer de las partidas impugnadas o de hacer remiendos para sufragar el referéndum por otras vías. "Todo ello con el apercibimiento de las correspondientes responsabilidades, incluso penales", añade el texto.
LOS PRECEDENTES
No es la primera vez que el Gobierno esgrime la vía penal ante el TC para amenazar a los dirigentes independentistas. En sus últimos fallos, el alto tribunal ha advertido al 'president' y a otros cargos, como la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, de las consecuencias de sus posibles desacatos. En cualquier caso, sí es la primera vez que el recurso se dirige contra un acto impulsado por Govern, y no por el Parlament, por lo que, si Puigdemont o sus 'consellers' desobedecieran, el incumplimiento sería responsabilidad directa suya.
El recurso gubernamental se dirige contra la disposición adicional 40 y tres partidas "relativas a procesos y consultas populares y procesos de de participación". La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, hizo hincapié el pasado viernes, además, en el "desconcierto político y jurídico" que ha provocado que se hayan incluido en el proyecto dos enmiendas contrapuestas, la de la CUP, que apuesta por una consulta unilateral, y la de Cataluña Sí que es Pot, que pide un referéndum pactado con el Estado.
