El pleno del Tribunal Constitucional acordó este martes anular, por unanimidad, las resoluciones del Parlament aprobadas el pasado 6 de octubre que iniciaban la cuenta atrás para celebrar el referéndum independentista "como muy tarde, en septiembre de 2017".
El alto tribunal ha deducido testimonio contra la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y los otros cuatro miembros de la mesa que permitieron la votación, Luis Maria Corominas, Ramona Barrufet y Anna Simó, de Junts Pel Sí, y Joan Josep Nuet, de Catalunya Sí que es Pot. De esta forma deja en manos de la Fiscalía la decisión de presentar una querella contra ellos si entiende que su actuación fue constitutiva de un delito de desobediencia al alto tribunal.
Es la misma decisión que adoptó el pasado 6 de octubre contra Forcadell por facilitar la votación de las comisión de estudios de la comisión constituyente, cuando ya estaba suspendida por el alto tribunal, y que llevó a la Fiscalía a interponer una querella contra la presidanta del Parlament.
Las resoluciones que iniciaban la cuenta atrás fueron ya suspendidas cautelarmente en diciembre en una providencia en la que acordaba, como pedía el Gobierno, advertir al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y al resto del Govern de "su deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa que ignore o eluda la suspensión" acordada y les recuerda las responsabilidades, incluida la penal, en la que podrían incurrir.
El pleno, aunque aún no se ha facilitado el texto íntegro de la sentencia, anula las resoluciones soberanistas aprobadas por el Parlament el pasado 6 de octubre. Se trata de los apartados de la resolución 306/XI denominados "El futuro político de Catalunya", "Referéndum", "Referéndum, amparo legal y garantías" y "Proceso constituyente".
EN MANOS DEL FISCAL
Los acuerdos se aprobaron el mismo día que el Constitucional acordó por unanimidad remitir a la Fiscalía la actuación de la presidenta de la Cámara catalana, Carme Forcadell, en la votación del 27 de julio con la que se aprobaron las conclusiones de la comisión de estudios del proceso constituyente que abrían la vía de la unilateralidad.
Entonces, el alto tribunal todavía no había avalado las nuevas armas con las que le dotó el gobierno del PP poco antes de perder la mayoría absoluta. Ahora, de cara a este nuevo incidente de ejecución, ya podía acordar la suspensión de los cargos públicos que incumplan sus resoluciones mientras se produce esa situación y acordar la ejecución por otra Administración. Finalmente ha decidido seguir la misma vía que utilizó en octubre: la deducción de testimonio y la Fiscalía presente una querella si lo considera conveniente, como parecía apuntar en las alegaciones que presentó en el incidente de ejecución del gobierno.
