El informe del secretario del Ayuntamiento de Barcelona sobre la posibilidad de ceder locales públicos para la celebración del referéndum del 1 de octubre es claro y contundente. Según el dictamen de este trabajador municipal, la alcaldesa debe acatar los designios del Tribunal Constitucional si no quiere hacer frente a "responsabilidades, incluida la penal".

El informe, de 15 páginas, al que ha tenido acceso este diario, fue solicitado por el gobierno de Ada Colau el pasado 7 de septiembre tras recibir una carta del 'president' Carles Puigdemont y del vicepresidente, Oriol Junqueras, en la que solicitaban al consistorio (mandaron la misma misiva a todos los ayuntamientos catalanes) que abriera los mismos colegios electorales que se usaron para las últimas elecciones autonómicas.

Incumplimiento

El documento desgrana todos los antecedentes legales a la consulta del 1-O, recordando tanto lo aprobado por el Parlament de Catalunya como todo lo recurrido por el Constitucional. Hasta, en su último punto, concluir: "El incumplimiento de esta obligación puede comportar la exigencia a las personas infractoras de responsabilidades de todo orden, sea por el propio tribunal al amparo de su ley reguladora, o de carácter administrativo, disciplinario, contable, e incluso penal".

El secretario del consistorio también recuerda a Colau que todos los trabajadores públicos "quedan vinculados por el mandato del Tribunal Constitucional de abstenerse de realizar actuaciones que permitan la preparación y/o celebración del referéndum sobre la autodeterminación de Cataluña".