Ante la estrategia independentista de anunciar en un acto solemne la fecha y la pregunta del referéndum y exhibir después músculo en una gran manifestación a favor de la vía unilateral, el Gobierno ha respondido este lunes con dureza y ataques a la Generalitat. Así, la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, ha acusado al Govern de "provocar al Estado" con un único objetivo: que este reaccione y así aumente la "movilización" de los afines a la desconexión, que en su opinión cada vez son menos.

En una entrevista en TVE, la encargada de la 'carpeta catalana' ha explicado que el Ejecutivo central está preparado para una "estrategia de tensión" creciente dado que, como el "apoyo social" a la ruptura unilateral "está bajando notablemente", la Generalitat necesita por un lado "tensionar" para "aglutinar a los propios" y por otro "provocar al Estado" en una hoja de ruta "más mediática que contenido".

Sin embargo, ha reiterado que se va a impidir la celebración de una consulta de autodeterminación porque es "contraria a la democracia". En tono pedagógico, la vicepresidenta ha explicado que en esta ocasión el Gobierno no parte de cero sino que "ya hay medidas adoptadas", entre las que ha citado la "jurisprudencia" del Tribunal Constitucional y una "investigación" en marcha sobre todas y cada una de las tareas llevadas a cabo por la Generalitat para la celebración del referédum. Además de que los jueces cuentan ya con las sentencias de inhabilitación de Artur Mas y tres 'consellers' por el 9-N.

PRESIONES A LOS FUNCIONARIOS

Por todo ello, la Generalitat, según su versión, está "presionando" a los funcionarios para que recaiga en ellos las posibles sanciones. Ante esta táctica, ha vuelto a reclamar a los trabajadores públicos que pidan todas las órdenes "por escrito", para así tener un argumento de defensa.

Asimismo, ha asegurado que no será los presupuestos catalanes los que soporten los gastos que se puedan acarrear de un nuevo intento fallido de poner las urnas, sino que serán los responsables de la "vulneración" los que finalmente sufragen las partidas necesarias.

Por último, Sáenz de Santamaría ha pedido al president que acuda al Congreso a que se "debata" y se "vote" su hoja de ruta. Y le ha recordado que la cámara baja no es un "salón de actos" donde se imparten "conferencias". "Con lo que le gusta que vote todo el mundo y nos va a prohibir que votemos", ha señalado con ironía.

Este domingo Puigdemont señaló de forma enigmática que está dispuesto a acudir a las Cortes a "responder" pero no a que el 'procés' se someta a votación como sucedió con el 'plan Ibarretxe'.