Anuncio ante la élite empresarial y política. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quiere reformar la Constitución para que los cargos electos dejen de estar aforados en los actos que no correspondan al ejercicio de sus responsabilidades. Es decir, se suprimiría este privilegio para las actuaciones privadas, que no tengan que ver con sus funciones como representantes públicos. La intención del Gobierno es llevar esta propuesta al Consejo de Ministros de este viernes, pedir los informes preceptivos al Consejo de Estado y al Consejo general del Poder Judicial (CGPJ) y que el Parlamento la pueda aprobarla en dos meses.
En todo caso, los consensos o disensos que despierta el anuncio se testarán este mismo martes, cuando el Congreso debate una moción de Ciudadanos que justamente reclama poner fin a estos aforamientos. La votación será el jueves y prefigurará si la medida tiene apoyos para salir adelante.
La propuesta es que el aforamiento se pueda retirar a diputados, senadores y miembros del Gobierno. En principio, no afectaría a los parlamentarios autonómicos, puesto que sus cargos se rigen por los estatutos de cada comunidad.
La modificación solo llegaría a afectar al presidente del PP, Pablo Casado, si entra en vigor antes de que el Tribunal Supremo se pronuncie sobre su causa relativa al máster en la Universidad Rey Juan Carlos, según fuentes gubernamentales, aunque niegan que el impulso de esta iniciativa tenga nada que ver con las presuntas irregularidades del presidente popular.
Aún así, la previsión es que el Alto Tribunal se pronuncie sobre la causa del máster antes de los dos meses que el Gobierno tardaría en tramitar la reforma constitucional, informa Ángeles Vázquez.
Tal como está planteada por el momento la iniciativa, no afectaría a los delitos de corrupción, cohecho y prevaricación, que están íntimamente ligados al ejercicio del cargo político.
Mayorías amplias
La reforma modifica los artículos 71 y 102 de la Constitución. Para ser validada necesita, en primera instancia, el apoyo de tres quintos del Congreso y del Senado. Si no se aprueba en ese momento, sería necesaria la mayoría absoluta de la cámara alta y dos tercios de la Cámara baja. Estos requisitos hacen necesario el respaldo del PP en esta medida. Ciudadanos y Unidos Podemos vienen reclamando esta medida desde hace tiempo, aunque está por ver si aceptarían esta fórmula, acotada a los políticos y si los morados la asumirían sin un referéndum a la ciudadanía. Hasta ahora, los podemistas siempre han reclamado una consulta popular para validar cambios en la Carta Magna.
La dirección de Podemos ha valorado la iniciativa pero considera que debe ir más allá y abordar también otros cambios como la "inviolabilidad" del Rey, el blindaje de los derechos sociales o la cuestión territorial.
La presidenta andaluza, Susana Díaz, también ha aplaudido la iniciativa, que está incluida en el pacto de investidura que firmó con Cs en el 2015.
Balance de 100 días
Sánchez ha anunciado esta reforma de la Constitución exprés en la Casa de América, donde ha comparecido para hacer una valoración de sus 100 primeros días al frente del Ejecutivo, ante los miembros de su Gobierno, la plana mayor del PSOE y del IBEX. El presidente de ACS, Florentino Pérez; de Telefónica, José María Ávarez Pallete; de La Caixa, Gonzalo Gortázar; y de Acciona, José Manuel Entrecanales, han sido algunos de los invitados al acto.
El presidente del Gobierno ha apelado a las fuerzas políticas, empresarios y sociedad civil para poner en marcha las transformaciones que, a su juicio, necesita el país. "Frente a la idea de una década perdida, tenemos una década por ganar. Ganémosla juntos, avancemos juntos", ha señalado.
