+
Accede a tu cuenta

 

O accede con tus datos de Usuario de Diario Córdoba:

Recordarme

Puedes recuperar tu contraseña o registrarte

 
 
   
 
 

EL DESAFÍO SOBERANISTA

Rajoy ya tiene preparados todos los mecanismos para frustrar el 1-O

En la Moncloa creen que Junqueras no asumirá la compra de urnas y seguirá con los «anuncios». El líder del PP descarta sumarse a la reforma de la Carta Magna para que no se vea como una cesión

 

La ‘Tercera vía’ es una obra del artista urbano TvBoy, que este colgó el jueves en una céntrica calle de Barcelona y que a las pocas horas desapareció. - FERRAN SENDRA

PILAR SANTOS
17/07/2017

El Estado de Derecho tarda mucho en moverse, pero es como un elefante y, cuando el Estado de Derecho empieza a moverse, no se para y va en contra de los que vulneran la ley». La frase se la dice a menudo la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, a los colaboradores con los que analiza el desafío independentista. Y ese elefante, afirma uno de ellos, está preparado ante los posibles pulsos que quiera echar a partir de ahora el Gobierno monolítico que han esculpido Oriol Junqueras y Carles Puigdemont para organizar el referéndum anunciado para el 1 de octubre.

Los recientes relevos en el Ejecutivo catalán preocupan en la Moncloa, porque los daños del choque de trenes serán muy diferentes si el impacto es a 50 km/h o a los 310 km/h que llega a alcanzar el AVE entre Madrid y Barcelona. Mariano Rajoy, la vicepresidenta y el resto del Gabinete han insistido estos últimos meses en que la respuesta del Gobierno central a la vulneración de la ley será «prudente» y «proporcional», pero un ministro no disimulaba el viernes que, ante un «ejército de fieles independentistas», el Gobierno central sabe que es más difícil «medir la respuesta». Porque la va a haber, insisten en el Ejecutivo y también en Génova. Rajoy no puede permitirse otro simulacro como el del 9-N. Un sector de su partido no entendió entonces que dejara colocar las urnas y lo entendería menos si se hiciera por segunda vez.

El Gobierno sigue con lupa cualquier decisión de la Generalitat. El equipo de Sáenz de Santamaría remite todos los textos y decisiones del Ejecutivo catalán a la Abogacía del Estado para que esta determine la respuesta jurídica. Es lo que hará mañana si en la reunión del Consejo Ejecutivo, Junqueras y el conseller de Exteriores, Raül Romeva, cumplen con lo anunciado y piden asumir la compra de urnas para el referéndum. Si hay «n acto administrativo en firme», el Gabinete de Rajoy lo podrá recurrir ante el Tribunal Constitucional. Además, está abierta la vía de la fiscalía, que se querelló contra la consellera de Gobernación, Meritxell Borràs, por licitar la compra de urnas. Fuentes de la Moncloa sospechan, no obstante, que Junqueras seguirá haciendo meros «anuncios» para evitar que el Estado de Derecho pueda actuar.

Sobre la mesa, Rajoy tiene un amplio abanico de herramientas. Varios ministros insisten estas últimas semanas en que no será necesario utilizar el artículo 155 de la Constitución, que permite intervenir competencias concretas como, por ejemplo, los Mossos o Educación. Nunca desde que se aprobó la Carta Magna ese artículo se ha aplicado de manera completa. «Esperamos que no se llegue a ese punto de ruptura, aunque es cierto que ese artículo es un arma más y está ahí», avisa un colaborador de Santamaría antes de aludir a la metáfora del elefante.

Tampoco creen en la Moncloa que sea útil la ley de seguridad nacional, cuyo «espíritu» está pensado para combatir el terrorismo global. Más partidarios se muestran de apoyarse en el Tribunal Constitucional, como hasta ahora. Es lo que hizo el Ejecutivo con las partidas reservadas en los Presupuestos catalanes para llevar a cabo el referéndum.

Con la reforma exprés de hace dos años, el Constitucional puede tomar medidas cautelares para que se obedezcan sus resoluciones y, en última instancia, suspender de sus funciones a los altos cargos. El Constitucional puede establecer multas coercitivas (de hasta 30.000 euros a «autoridades, empleados públicos o particulares») y puede reiterar esos pagos hasta «el cumplimiento íntegro de lo mandado». El peligro de ver menguar el patrimonio acecha por varias vías. Además, si la desobediencia se mantuviera, este tribunal podría pedir «el auxilio de cualquiera de las administraciones y poderes públicos» en Cataluña.

El choque entre las dos legalidades que se dará si la Generalitat aprueba sus propias normas para dar cabida al referéndum pondrá en aprietos a los funcionarios. La semana pasada, el Gobierno central recordó a los secretarios e interventores que el Constitucional ha prohibido «cualquier acto preparatorio» del 1-O.

Y a los alcaldes la Moncloa les ha refrescado que pueden ser denunciados por sus conciudadanos por falta de neutralidad con la ley de transparencia en la mano y que la ley de protección de datos incluye multas por ofrecer información personal (censo) para un fin ilegal (de hasta 600.000 euros). Otra vez el bolsillo.

El PSOE, mientras tanto, ha anunciado que no apoyará la aplicación del artículo 155 y que apuesta por reformar la Constitución para dar una «solución política» y evitar la ruptura. Según fuentes gubernamentales, Rajoy no participará ahora de ningún debate sobre la Carta Magna porque no quiere dar la impresión de que cede al chantaje. Los socialistas no necesitan al PP para abrir la discusión en el Congreso si tienen el apoyo de Podemos y Ciudadanos.