Mariano Rajoy fue reelegido presidente del Gobierno el 29 de octubre pasado. Poco después su Ejecutivo anunciaba lo que se acabó bautizando como operación diálogo para poner fin al proceso independentista. Desde entonces, la visita de ayer para arropar al nuevo líder del PPC, Xavier García Albiol, ha sido la primera vez en la que el mandatario conservador ha pisado Cataluña. El martes volverá a hacerlo en una jornada con empresarios, y un acto y otro servirán para desgranar las recetas políticas y económicas que tiene para dar por finiquitado y rebasar el pulso independentista. Las primeras son: unidad, legalidad, cohesión, concordia y Estado de derecho.

Rajoy llegó a las once de la mañana al congreso autonómico que los populares celebraron en L’Hospitalet de Llobregat y se fue hacia la una entre aplausos. Parece haber recuperado las simpatías de un sector del PPC que se enojó con él por no haber bloqueado con mayor contundencia la consulta soberanista del 9-N. Al menos, se llevó unas cuantas ovaciones de los más 800 asistentes, sobre todo cuando dejó claro que sigue impermeable a conceder la celebración de un referéndum. Después de que el sábado no prosperara una enmienda a la ponencia política en la que se reclamaba más contundencia contra el secesionismo, los conservadores insistieron en que no caerán en la «provocación» de los independentistas y actuarán sin estridencias para frenarles, pero eso sí, también con toda la ley en la mano, porque «no se puede contraponer la democracia a la ley», proclamó el presidente.

Lo dijo por activa, por pasiva y por perifrástica, con varias alusiones a los tribunales y al Parlament. «No se puede ignorar a los letrados [de la Cámara]; no se puede ignorar al Consell de Garanties Estatutàries. Los dirigentes políticos no pueden saltarse la ley a la torera, porque, si todos se saltan las sentencias, ¿en qué mundo viviríamos?».

«Todo eso solo contribuye al descrédito», prosiguió el líder del PP. Fue entonces cuando volvió a enfrentar la hoja de ruta independentista con el proceso de «integración» de la UE. El Estado de derecho es «uno de los pilares clave» del Tratado de Roma y Junts pel Sí y la CUP hacen caso omiso de él en lugar de apostar por la unidad y ser así «más fuertes e influyentes». Unidad y una «nueva concordia» son otros dos de los ejes sobre los que quiere pilotar la política del Gobierno y también la del PP, que plantea este año como el último del proceso soberanista y encara el futuro apuntando al «diálogo» para solucionar desde los problemas de infraestructuras hasta la financiación autonómica, pasando por los servicios sociales. «Sí rotundo al diálogo, pero no imposiciones ni contratos de adhesión para sortear la ley».

Para conseguirlo, Rajoy y su partido se han puesto como objetivo «recuperar las instituciones» y conseguir que se gobierne «para todos los catalanes» y no solo para los independentistas, lo que pasa, en su opinión, por apartar al «extremismo» (léase CUP) de «los centros de responsabilidad», pues ahora tiene «una influencia decisiva en la Generalitat». Casi pareció que culpaba a los anticapitalistas hasta de que Carles Puigdemont no asistiera a la conferencia de presidentes autonómicos de principios de año, una ausencia que parece escocer todavía al jefe del Ejecutivo central.

«No hay que dejar nunca la silla vacía. La obligación es acudir siempre, porque si no vas, otro hablará por ti y a lo mejor te fastidias doblemente», se despachó. Cabe recordar que en la reunión secreta que mantuvieron en la Moncloa los dos presidentes el 11 de enero el dirigente del PP ya intentó convencer sin éxito al mandatario nacionalista para que fuera a la cumbre.

Rajoy fue rotundo en el rechazo a la consulta que quiere negociar el Ejecutivo de JxSí a la vez que aportó sus argumentos contra la independencia a «aquellos catalanes que han sido engañados en su buena fe». El líder del PP acusó a los independentistas de «ocultar» las consecuencias sociales y económicas de la ruptura, como «la salida de la zona euro, del mercado único y de la UE».