El ministro portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, garantizó ayer que el Ejecutivo no permitirá una reforma exprés de la ley de Presidencia de la Generalitat para hacer posible una investidura a distancia de Carles Puigdemont. «No puede ser. El Gobierno, que en el ejercicio del 155 tiene todas estas funciones, no lo va consentir», dijo Méndez de Vigo, en referencia a la iniciativa que defiende Junts per Catalunya, vista con recelos por parte de ERC, para dar cobertura legal a que Puigdemont sea nombrado president sin estar presente en el Parlament.

A su juicio, los independentistas deberían haber aprendido qué cosas no se pueden hacer, como violar la Constitución y el Estatut y «jugar a la unilateralidad». «Volver a las andadas de modificar fraudulentamente una ley para permitir un estatus a este señor, me parece que es una malísima noticia», insistió, tras recordar que Puigdemont está acusado de delitos muy graves (rebelión, sedición y malversación) y que se encuentra huido de la justicia. «Cataluña tiene que recuperar la normalidad», defendió en Antena-3 el ministro.

También se pronunció ayer sobre Cataluña el presidente Mariano Rajoy, aunque él no entró en anuncios jurídicos sobre lo que se intentará frenar y lo que no en el corto plazo. Basó su discurso en recordar al Parlament que como institución tiene la última palabra para buscar un sustituto o sustituta de Puigdemont respetando la legalidad y que, al mismo tiempo, no tenga problemas judiciales. «Los ciudadanos votaron con normalidad y ahora está en manos del nuevo Parlamento catalán elegir, de una forma normal, un presidente normal. La democracia española ha demostrado que se defiende cuando la atacan», afirmó.

En todo caso el jefe del Ejecutivo quiso lanzar un mensaje de tranquilidad a los catalanes asegurando que mientras perduran las negociaciones y no hay Govern o incluso si todo termina en una repetición electoral tendrán el paraguas del 155, que es «garantía de que siguen atendiendo los servicios esenciales y las necesidades reales de los catalanes».

La número dos de Rajoy en el partido, María Dolores de Cospedal, admitió que el Gobierno se está planteando el control de TV-3 si se prolonga la aplicación del artículo 155. «La televisión pública catalana no puede ser un aparato de propaganda política de unos determinados intereses partidistas. Eso es una auténtica vergüenza», señaló en OK Diario la también ministra de Defensa.