El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha anunciado que, entre otras medidas para combatir la corrupción, en la prevista reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal se fijará un plazo máximo de instrucción en los macroprocesos, y se garantizará la devolución de los bienes por parte del delincuente.
En el pleno del Congreso que debate los proyectos con medidas anticorrupción del Gobierno, Rajoy ha insistido en que "la sociedad merece, no sólo ver cómo se castiga a los corruptos, sino también la inmediata reparación del daño económico que sus actividades produce".
"De lo que se trata, en suma, es que deje de ser noticia esa eternidad que supone el enjuiciamiento de determinados delitos económicos complejos, o la imposibilidad de localizar y despojar al condenado de los bienes con los que ilícitamente se ha enriquecido. Es preferible juzgar con rapidez, recuperarlo todo y reparar el daño", ha dicho.
Así, Rajoy ha expresado el deseo del Gobierno de lograr "la rápida recuperación de todos los bienes que el delincuente esté obligado a devolver", al tiempo que se da mayor agilidad a las macrocausas abiertas por delitos de corrupción.
El objetivo, ha defendido, es que "la instrucción de los asuntos muy complejos pueda seguir su curso sin necesidad de una concatenación de piezas".
Con ello se evitará que procesos de gran repercusión social permanezcan abiertos durante años, ha dicho el presidente, y se permitirá que los imputados puedan comparecer ante un tribunal y establecer, en su caso, las responsabilidades penales a que haya lugar en un plazo razonable.
Asimismo, ha anunciado un mayor esfuerzo "en los medios y recursos" destinados a la lucha contra la corrupción.
Se contempla la convocatoria de 100 nuevas plazas de jueces y fiscales en los presupuestos generales de 2015 y este próximo viernes el Consejo de Ministros aprobará la dotación de recursos para impulsar las nuevas tecnologías en el ámbito judicial.
