El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, aseguró ayer que "España no está corrompida", pero para extremar los controles presentó una nueva batería de medidas que la oposición cree que no está legitimado a abanderar debido a casos que afectan al PP, como el que ha llevado a la dimisión de Ana Mato.

La salida de Mato del Gobierno por el caso Gürtel estuvo presente en el debate del Congreso en el que Rajoy defendió la puesta en marcha de nuevas iniciativas contra la corrupción y garantizó que "quien la hace, la paga".

En su intervención inicial no aludió a la exministra, pero después de las referencias a ella por parte de la oposición, recurrió a las palabras textuales del juez Pablo Ruz en el auto emitido anteayer que incluye a Mato como participe a título lucrativo en el caso Gürtel. De su lectura, subrayó que queda claro que Mato "ignoraba la comisión de tales delitos".

Al presentar las nuevas medidas, Rajoy se rebeló contra "el fantasma de la corrupción generalizada":"¡España no está corrompida! España tiene algunos corruptos que, afortunadamente, estamos sacando a la luz. El resto está sano". Y avisó de las consecuencias de que se extienda la idea de que todo es corrupción. "A partir de ahí no queda espacio más que para los salvapatrias de las escobas, cuyo único programa político consiste en barrer, con las consecuencias de todos conocidas", advertió.

El jefe del Ejecutivo reconoció que el goteo de casos "del pasado" crea un clima que "a ratos se hace irrespirable" y dijo compartir la indignación de los españoles ante ellos, incluidos los que afectan al PP (que ha reconocido que han supuesto "problemas serios") y por los que recordó que ha pedido perdón.

Rajoy expueso un total de 70 medidas claves contra la corrupción, 31 de ellas que el Gobierno considera nuevas y varias incluidas en los dos proyectos de ley con los que el pleno del Congreso decidió ayer seguir adelante. Para ello, con el voto en solitario del PP, se rechazaron las enmiendas a la totalidad presentadas por PSOE, Izquierda Plural, UPyD y el BNG a los proyecto de ley de control financiero de los partidos y del alto cargo.

Entre las medidas anunciadas por Rajoy está la obligación de que los partidos garanticen en sus estatutos que sus militantes participen en el proceso de elección de sus direcciones mediante congresos, asambleas u otras formas de participación siempre que sean democráticas.

También deberá fijar el procedimiento de expulsión de sus miembros condenados por la comisión de cualquier delito doloso y la suspensión automática de militancia si se abre juicio oral por delitos relacionados con la corrupción que comporten pena de inhabilitación.

En materia de financiación, los particulares no podrán hacer donaciones a partidos por encima de 50.000 euros y toda donación superior a 25.000 se deberá notificar al Tribunal de Cuentas.

Si los partidos no cumplen con estas medidas, podrán ser extinguidos.

Habrá igualmente modificaciones en el Código Penal para que la financiación ilegal de partido sea delito, agravar las penas de inhabilitación y aumentar los plazos de prescripción de los delitos de corrupción.

La reforma de la ley de Enjuiciamiento Criminal permitirá agilizar los macroprocesos para que la instrucción de los asuntos muy complejos pueda seguir su curso sin necesidad de una concatenación de piezas, se fijará un plazo máximo para la instrucción y se exigirá la rápida recuperación de todos los bienes que el delincuente esté obligado a devolver.

Rajoy se mostró dispuesto a enviar cada seis meses al Congreso un informe sobre la concesión y denegación de indultos.

Si el presidente recalcó su oferta de acuerdo "de buena fe" para todas esas medidas, Sánchez la ha rechazado mientras en el PP no den ejemplo y asuman responsabilidades políticas por los casos que le afectan, en especial, el de la trama Gürtel. "Abandone toda esperanza, no espere de nosotros ningún acuerdo global en materia de lucha contra la corrupción porque sencillamente, no les creemos, no son de fiar", le reprochó Sánchez. Tras asegurar que la dimisión de Ana Mato "apunta directamente al PP" por su presunta financiación irregular, el líder socialista ha advertido a Rajoy de que no está "capacitado, ni legitimado" para liderar la regeneración democrática en España.

Sánchez proclamó que este mandato "es y será para siempre la legislatura de la Gürtel" y que el PP, que tiene "un problema estructural con la corrupción", solo recuperará el credibilidad cuando asuma responsabilidades.

Frente a ello, Rajoy le reprochó que su voluntad para acabar con la corrupción tenga un límite muy claro, "Despeñaperros", en alusión a diversos casos de corrupción en los que están implicados dirigentes socialistas andaluces.

También la Izquierda Plural, UPyD y parte del grupo mixto inquirieron a Rajoy sobre quién va a asumir la responsabilidad a título lucrativo del PP en el caso Gürtel. "¿Va a ser la secretaria general, va a ser el presidente?", quiso saber el coordinador federal de IU, Cayo Lara, mientras que la portavoz de UPyD, Rosa Díez, preguntó a Rajoy si va a ser él el que "seguirá el ejemplo de Ana Mato".

Pere Macias, de CiU, por su parte, exigió al Gobierno que ponga "punto y final" a la "guerra sucia" que, a su juicio, afecta "gravemente a la "honorabilidad" de políticos como el alcalde de Barcelona, Xavier Trias, mientras que Aitor Esteban (PNV) reclamó a Rajoy "humildad" y que no renuncie al acuerdo con todos los grupos políticos.

Desde el grupo mixto, la portavoz del BNG, Olaia Fernández, sostuvoo que, tras la dimisión de Mato, Rajoy también "debería dimitir y convocar elecciones", mientras que Alfred Bosch (ERC) apostó por empezar a "barrer y a hacer limpieza en España y también en Cataluña", para la cual recitó la letra de una conocida canción: "si yo tuviera una escoba, cuántas cosas barrería".