La Fiscalía Superior de Catalunya ha presentado este viernes ante el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) una querella contra el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y todo su gobierno por los presuntos delitos de prevaricación y desobediencia al haber hecho caso omisión a la prohibición del Tribunal Constitucional de no permitir actos vinculados a la hoja de ruta independentista. También han añadido el de malversación de caudales público que, en caso de condena, comportaría penas de ingreso en prisión. La querella se centra en la firma este miércoles por parte del máximo responsable de la Generalitat y los miembros de su gabinete de la convocatoria del referéndum y la ley que lo permite, tras la apropación de la misma por parte del Parlament y con los votos favorables de Junts pel Sí y la CUP.

La fiscalía solcita en la querella, además de la declaración de los acusados, medidas cautelares, como la interrupción de la página web de la Gemeralitat sobre el referéndum y el bloqueo de su acceso, a la vez que interesa que se adopte esta misma petición respecto a cualquier medio de comunicación telemático, red sociial o web que realice la misma actividad.

Medidas cataluleras

Asímismo, solicita que se remita oficio en este sentido a todos los medios de comunicación escritos o audiovisuales, públicos o privados, con sede en Catalunya, requiréndoles con apercibientos legales para que imparta las instrucciones pertienetes a fin de impedir la inserción de cualquier tipo de publicidad institucional o propaganda sobre el referéndum. También pide que se requiera a todos los ayutamientos catalanes para que no faciliten medios para celebrar el 1-0 y a las fuerzas de seguridad del Estado para que intervenga todo tipo de material destinado al referéndu. Y, por última, también exige que se acuerde medidas cautelares para el aseguramiento de las responsabilidad pecuniarias en la que pudieran incurrir los querellados, incluyendo la exigencia de fianza y, en su caso, embargo de bienes.

La fiscalía también ha presentado una querella contra los miembros de la Mesa del Parlament, entre ellos su presidenta, Carmen Forcadell, por haber permitido, precisamente, la tramitación de la ley del referéndum. La jueza del TSJC, Maria Eugènia Alegret, ya tiene abierto un proceso judicial contra algunos miembros de la Mesa por presuntamente haber desoído los acuerdos del Constitucional.