PSOE y PP se niegan a ceder a las presiones de los partidos que les piden enterrar o posponer la comisión territorial que debe analizar en el Congreso una reforma de la Constitución para 2018. Los socialistas, que propusieron la iniciativa como solución al conflicto en Cataluña, no aceptan liquidar la propuesta. Fuentes parlamentarias han confirmado a este diario que la semana que viene -el jueves 9-N es festivo en Madrid- o la siguiente se constituirá formalmente la comisión, aunque la fecha concreta no está cerrada y se fijará en función de la agenda de la Cámara baja.

La puesta en marcha de la iniciativa es una jarra de agua fría para Ciudadanos. Su presidente, Albert Rivera, pidió este jueves al PSOE que retire una propuesta que, considera, “ha fracasado” porque no contenta los independentistas ni a los autodenominados constitucionalistas.

Argumenta Rivera que ERC rechaza formar parte de la comisión y que PDECat y PNV piden prorrogar su puesta en marcha ‘sine die’ por la complicada situación que atraviesa Catalunya. También Unidos Podemos solicitó una aplazamiento, que fue aprobado por la presidenta del Congreso, Ana Pastor.

Ese plazo, de siete días, expiró el martes. Este jueves fuentes parlamentarias han confirmado que no habrá nueva prórroga, sino que se procederá ya al siguiente trámite, que es constituir formalmente la comisión. Para ello, las fuerzas políticas deberán designar a sus representantes en ella.

Será "de todos"

Los socialistas quitan hierro a las presiones e insisten en que no se puede esgrimir la tensión en Catalunya como argumento para enterrar esta propuesta, apoyada por el PP y, con matices, también por Unidos Podemos.

Dicen tener el convencimiento de que, en cuanto se ponga en marcha, los partidos que ahora manifiestan reticencias irán sumándose a los trabajos porque no pueden quedar excluidos en el debate del tema central de la presente legislatura.

El PSOE entiende las dificultades que puede suponer para Ciudadanos o Podemos entrar en una propuesta liderada por Pedro Sánchez, pero insisten en que, una vez se ponga en funcionamiento, “será la comisión de todos”. Niegan querer rentabilizar su iniciativa y recuerdan que es la única propuesta política que se mantiene con vida para profundizar en la reforma de la Constitución y la modernización del modelo autonómico.

Abordar el Estatut

El PSOE quiere que la comisión aborde la controvertida sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut, que en el 2010 declaró inconstitucionales 14 artículos de la ley catalana. También plantean realizar un balance del modelo autonómico, ordenación de competencias, nomenclatura de las comunidades autónomas, financiación autonómica y autonomía local.

La comisión trabajará durante seis meses, hasta elaborar unas conclusiones que después deberán ser aprobadas por el Pleno del Congreso. En su dimensión territorial, este documento será la base de la reforma de la Carta Magna. A continuación, se creará una subcomisión constitucional para la actualización de la Ley Fundamental.