El PSOE ha presentado en una moción para su debate en el Senado en la que exige la derogación de la Ley de Seguridad Ciudadana -que los socialistas llaman "ley mordaza"- y las reformas del Código Penal y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal por atentar contra los derechos y libertades de los ciudadanos.
El portavoz socialista en el área de Interior, Enrique Cascallana, defenderá la moción consecuencia de interpelación en el pleno de la próxima semana, según ha informado el grupo socialista.
En esa iniciativa, Cascallana también propondrá revisar de oficio y anular las sanciones económicas "injustificadas" a personas y colectivos derivadas de la aplicación de la Ley de Seguridad Ciudadana "por el simple motivo de ejercer sus derechos constitucionales".
Asimismo, el senador socialista pedirá al Ejecutivo que "renuncie a la instrumentalización política de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, devolviéndoles y garantizándoles el papel que constitucionalmente tienen reservado".
Para el PSOE, la política seguida por el Ejecutivo en la actual legislatura ha supuesto "el desguace y la erosión" del Estado de Derecho, con tres características: "Un retroceso de lo público en favor de un acelerado proceso privatizador, una restricción en el ejercicio por los ciudadanos de sus derechos y libertades fundamentales y una quiebra del principio de división de poderes".
Cascallana es muy crítico con la Ley de Seguridad Ciudadana y la reforma del Código Penal, que a su juicio reprimen "el derecho a la libertad de expresión y a la disidencia".
Asimismo, acusa al Ejecutivo de "laminar el principio de separación de poderes es atacar y presionar a los jueces, cuando sus resoluciones no son compartidas por el Gobierno", y le ha reprochado su "falso compromiso" en la lucha contra la corrupción y su "utilización torticera de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado al servicio de los intereses partidistas del Gobierno".
De hecho, denuncia "acoso" a las unidades policiales y a los responsables de las mismas "que investigan los casos relacionados con la financiación irregular del Partido Popular".
