La extradición de Carles Puigdemont a España ni tiene el camino expedito ni será automática. Al contrario, la ejecución de la orden europea de detención y entrega, enviada este viernes a Bélgica por la juez de instrucción Carmen Lamela contra el expresident y cuatro de sus exconsellers, tendrá que superar todavía muchos obstáculos si los protagonistas del envite presentan batalla para evitar este desenlace, tal y como parece ser su intención. El procedimiento, que podría durar hasta 100 días, abre la puerta a la judicialización del caso no solo en Bélgica sino también en Europa.
La Fiscalía federal recibió el viernes noche el mandato y desde este sábado examina las 5 órdenes de detención que incluyen acusaciones de rebelión, sedición, malversación de fondos, desobediencia a la autoridad y prevaricación. La maquinaria judicial se pondrá en cuanto sea designado el juez de instrucción -lo más probable este domingo o lunes- y convoque a Puigdemont y al resto de políticos catalanes. “Estamos dispuestos a colaborar plenamente con la justicia belga respecto a la orden europea”, decía este sábado Puigdemont en un mensaje en twitter.
Una vez ante el juez, les tomará declaración y les informará de sus derechos. Si Puigdemont acepta la extradición la entrega será en 10 días. Si la rechaza el magistrado tendrá 24 horas para decidir si la ejecuta o no. En el caso afirmativo podrá dejarles en libertad, en libertad con condiciones o dictar prisión preventiva aunque es algo improbable según los expertos. “No tiene por qué ser detenido. No es algo que ocurra normalmente. Solo si hay razones de seguridad pública pero no creo que en este caso ocurra”, opina Jan Wouters, profesor de derecho internacional de la Universidad Católica de Lovaina.
Si decide ejecutar la euroorden, el juez remitirá el caso a la Cámara del Consejo, una especie de tribunal de primera instancia, que tendrá 15 días para pronunciarse. A esa decisión cabe recurso en las 24 horas posteriores ante la Sala de acusación que tendrá otros 15 días para decidir. De nuevo habrá posibilidad de recurso en casación y otros 15 días para la decisión final. En total, el proceso podría prolongarse dos meses aunque en circunstancias excepcionales puede irse hasta los 90 días, más 10 si hay ejecución. De cumplirse estos plazos, Puigdemont bien podría seguir en Bélgica durante las elecciones del 21D.
Un procedimiento "totalmente judicial"
Un procedimiento complejo que puede complicarse y prolongarse hasta tres meses si entra en una guerra de recursos. Y es que, aunque lo habitual dado que se trata de un procedimiento basado en la confianza mutua entre Estados, es que se ejecute el mandato existen posibilidades de denegarlo “en determinadas situaciones”, admite el ministro de justicia, Koen Geens. Según la legislación belga de 2003, si existe riesgo de vulneración de derechos fundamentales el juez puede rechazar la extradición. Es lo que denunció el lunes Puigdemont en rueda de prensa en Bruselas y el elemento central en la estrategia de su abogado, Paul Bekaert, que alegará persecución política e incluso la imposición de penas desproporcionadas.
¿Tiene posibilidades de éxito? “Dependerá de la calidad de los argumentos, de lo concreto que sea y de las evidencias que aporte de que Puigdemont no tendrá un juicio justo en España”, opina Wouters. “Será una cuestión de apreciación de los hechos pero los argumentos tendrán que ser precisos y concretos”, coincide Anne Weyembergh. Esta profesora en el Instituto de Estudios Europeos de la ULB entiende que otro obstáculo para España será el hecho de que algunas de las acusaciones no figuran en el código penal belga como la rebelión y la sedición. “Existen pero no están definidas como en el código penal español lo que significa que el juez tendrá que verificar si corresponden”, añade.
Tribunal de la UE y Corte de Estrasburgo
Los jueces belgas no son los únicos que podría terminar implicados la batalla abierta en torno al 'procés'. La justicia belga también podría acudir al Tribunal de la UE. “Si tienen dudas sobre la manera en la que hay que interpretar la decisión marco de 2002 relativa a la orden europea de detención y entrega podrían preguntar al Tribunal de Justicia de la UE. Es totalmente posible”, explica Weyembergh. Es más, la corta ya reconoció en abril de 2016 -en el caso Aranyosi y Candaruru- que un Estado miembro sí puede rechazar una orden de detención si hay un riesgo real para los derechos fundamentales en el caso de que el país que emite la euroorden no ofrezca las debidas garantías.
Los expertos consultados tampoco descartan que, una vez agotada la vía belga, pueda recurrir ante Estrasburgo si no consigue evitar el mandato. “No me sorprendería. Hay una posibilidad de solicitar medidas provisionales al Tribunal Europeo de Derechos Humanos y podría incluir la posibilidad de Puigdemont de seguir en Bélgica. Pero es terreno desconocido. Ha habido otros casos de gente que ha pedido asilo y para cuando empezó el proceso ya habían sido expulsados del país. No sabemos si podría quedarse pero como su abogado ha dicho que no excluye solicitar asilo como último recurso no se puede excluir”, asegura Wouters. Será una batalla en cualquier caso larga y, por el momento, de final impredecible.
