El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha procesado este viernes a siete presuntos yihadistas, como miembros de un grupo organizado y estable en España, encargado de enviar material militar, dinero, componentes de explosivos y armas de fuego a Siria e Irak. El auto les atribuye los delitos de pertenencia a organización terrorista, financiación y enaltecimiento de organizaciones terroristas, blanqueo de capitales, falsedad en documentos mercantiles, tenencia ilícita de armas y, por primera vez en una resolución judicial por terrorismo, un delito contra los bienes culturales protegidos en caso de conflicto armado. El magistrado también ha procesado a las cuatro mercantiles con las que operaban.

El auto explica que los grupos terroristas que actúan en Siria requieren una organización logística bien estructurada, que abarque necesidades estrictamente vitales u ordinarias, además de la necesidad de contar con dinero, para lo que necesitan establecer redes internacionales de confianza, papel que desempeñaban los ahora procesados. El presunto responsable del grupo, Ammar Termanini, de extrema ideología yihadista, creó un complejo empresarial estable en España que facilitaba la entrada de mercancías a Siria. A través de la venta de ropa usada ocultaba el envío de material militar, dinero, equipos electrónicos y de transmisiones y posiblemente componentes de explosivos y armas de fuego que acabaron en manos de las organizaciones terroristas.

10 TONELADAS DE UNIFORMES

Según Velasco, el Estado Islámico encargó al grupo, a través de un primo del cabecilla de lo organización, 10 toneladas de uniformes y ropa militar destinados a Siria. En las naves de los procesados se incautaron miles de uniformes prensados y embalados preparados para enviar a Siria, y “20.000 uniformes militares en el interior de un contenedor marítimo en el Puerto de Valencia”. Entre el material incautado aparecen trajes de resistencia a la guerra química-bacteriológica (NRBQ) que, argumenta el juez, “de ninguna manera tienen una aplicación civil, ni son de habitual venta en mercadillo”.

La investigación también ha detectado que a los miembros de este grupo se les había encargado una gran cantidad de abono de urea, yodos, fosfatos que por su cuantía y destino al norte de Siria “hace pensar que serán utilizados como precursores para la fabricación de explosivos”.

Para financiar los envíos y blanquear los ingresos de origen ilícito, los procesados recurrían al sistema 'hawala' ("transferencia" en árabe), de compensación de pagos y movimientos de dinero al margen del sistema legal de pagos y contraprestaciones de servicios entre empresas. La investigación ha constatado un gran incremento del patrimonio de los procesados, que en el caso de uno de ellos, alcanzó más de 10 millones de euros en tres años.

OBRAS DE ARTE EXPOLIADAS

El juez considera que una de las vías de financiación del terrorismo utilizadas por los procesados fue la de traficar con obras de arte, monedas antiguas y piezas arqueológicas “probablemente extraídas de los museos y yacimientos arqueológicos conquistados" por el Estado Islámico y Jabhat al Nusra en Siria e Irak. Conversaciones telefónicas interceptadas a los investigados acreditan que conocían el origen ilícito de estos bienes así como “la peligrosidad de su comercio internacional”. El juez recoge las declaraciones de diversas organizaciones internacionales que advierten de que las organizaciones terroristas que operan en Siria e Irak se están financiando también a través del expolio y saqueo de bienes culturales sujetos a la protección de la UNESCO.

Los procesados comparecerán ante el juez el próximo 14 de febrero para comunicárseles en persona los hechos que se les imputan. Cinco de los siete están en prisión.