El juez decretó anoche prisión incondicional, como pedía la Fiscalía Anticorrupción, para el expresidente madrileño Ignacio González, que dedicó las 2 horas y 45 minutos de declaración ante el juez Eloy Velasco a negar los hechos que se le imputan en el caso Lezo, como las irregularidades cometidas en la empresa pública del agua Canal de Isabel II.
Entre las irregularidades destaca la compra en el 2013 por parte de Inassa, filial sudamericana de la compañía pública, de la brasileña Emissao Engenharia e Construçoes, lo que supuso un perjuicio a las arcas madrileñas de 25 millones de dólares (23,3 millones de euros). El juez también envió a prisión al exresponsable de Inassa y consejero de La Razón, Edmundo Rodríguez Sobrino.
Tampoco reconoció González las comisiones pagadas por la construcción de un campo de golf en los terrenos del Canal en el centro de Madrid, hechos por los que fueron detenidos su hermano Pablo -exdirectivo de Mercasa- y su cuñado Juan José Caballero, quienes se negaron a declarar ante el magistrado. Los fiscales Carmen García y Carlos Yáñez pidieron prisión eludible con fianza para ambos; el juez decretó fianza de cuatro millones para el primero y de 100.000 euros para Caballero.
González negó, además, irregularidades en la construcción del tren entre Móstoles y Navalcarnero, que habría sido abonado por OHL, hechos por los que fue interrogado el empresario Javier López Madrid, consejero de la constructora y yerno del fundador de la compañía, Juan Miguel Villar Mir. Se volvió a investigar también a la Agencia de Informática y Comunicación (ICM) por pagar un millón para sanear las cuentas del PP. Su exresponsable José Martínez Nicolás volvió a repetir la experiencia de ser detenido que vivió en el caso Púnica. Anticorrupción había pedido prisión incondicional para él, pero el juez optó por dejarle en libertad y evitarle el ingreso si antes del próximo viernes abona una fianza de 100.000 euros.
Anticorrupción ya había solicitado prisión incondicional para otros dos de los nueve detenidos: la exdirectora financiera del Canal y consejera de Canal Extensia María Fernanda Richmon y el exresponsable de Inassa Rodríguez Sobrino. El magistrado decretó el jueves por la noche prisión pero eludible con una fianza de cuatro millones para Richmon. El juez, que impuso comparecencias mensuales a la secretaria de Rodríguez Sobrino, Clarisa Guerra Soto, decretó el embargo de todos los bienes y cuentas de los arrestados, lo que les complica pagar estas garantías.
Ello incluye las que están en el extranjero, que en el caso de Rodríguez Sobrino son muchas. De hecho, tenía en un banco suizo una cartera de fondos valorada en 402.239 euros, que regularizó en el 2012 con la amnistía fiscal, según consta en el auto de registro, en el que se describen «numerosas» operativas de blanqueo de capitales a paraísos fiscales de la trama de la operación Lezo.
Una hija de Rodríguez, imputada en el caso, según Efe, controla el patrimonio oculto de su padre. Consta como propietaria de una vivienda en Barranquilla (Colombia), otra en Puerto Plata (República Dominicana), adquirida en fechas «muy próximas» a la compra de la sociedad brasileña Emissao y una tercera en Londres. También dispone de cuentas en Reino Unido y Jersey.
El magistrado investiga las inversiones inmobiliarias de Rodríguez Sobrino en Colombia en el 2013 y el 2011, cuando intervino en un negocio con una constructora local de Bogotá, según un correo que se remitió a un directivo del Banco Santander, Julián Carrascosa, quien se reunió en septiembre del 2016 con él para tratar otra operación en España en la que habría que invertir 10 millones.
CUENTAS «NO AUTORIZADAS»
En el auto en el que decretó prisión eludible con fianza de cuatro millones de euros para Richmon y de 100.000 para el exgerente de la empresa del agua Adrián Martín, que ya ha aportado a través de un aval, se cifra la malversación cometida en la compra de la brasileña en 25 millones de dólares (23,3 millones de euros) «a través de cuentas no autorizadas en paraísos fiscales». El magistrado afirma que tanto Richmon como Rodríguez Sobrino actuaron «en connivencia» para sobrevalorar el precio de las participaciones de Emissao.
El auto detalla las principales irregularidades detectadas, como la ausencia de autorización del Gobierno de la Comunidad de Madrid, y de «razones jurídicas económicas» que justificaran la adquisición. Además, se modificó el porcentaje de adquisión -del 40 al 75%- sin la autorización correspondiente y «se renunció a un aval de 3 millones para contigencias sin justificación alguna y sin autorización». Tampoco se contó para firmar estos contratos con valoración independiente ni con autorización de la Consejería de Hacienda. La compra no estaba incluida en el Plan Estratégico del Canal Extensia. El magistrado sostiene que la auditora KPMG afirmaba en un informe que «debió llevar a la paralización inmediata de la adquisición».
