La negociación colectiva, las pensiones y la emisión de deuda pública son las únicas excepciones en las que se permiten todavía tomar el índice de precios de consumo (IPC) como referencia para su revisión. Quedan excluidas de la ley de Desindexación de la economía, cuyo reglamento ha sido aprobado por este viernes por el Consejo de Ministros, y que busca desvincular los precios de bienes y servicios del sector público de la evolución de la inflación.

Ahora que los precios comienzan a subir con fuerzas tras años prácticamente planos, el Gobierno apuesta por excluirlos como referencia de la economía. El pasado mes de enero la inflación registrada alcanzó el 3%.

La última reforma de la ley de pensiones ya estableció una fórmula para regular su revalorización en la que se excluía la subida automática según el coste de la vida. En palabras del portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez Vigo, se trata de que "la inflación no se traduzca a determinados precios públicos".

SIN RETROACTIVIDAD

Pese a que la ley fue aprobada hace casi dos años, en marzo del 2015, aún no se había aplicado en espera del reglamento que la desarrolla. Este se ha aprobado por decreto y entrará en vigor, probablemente el lunes, al día siguiente de su publicación en el BOE. En todo caso no tendrá carácter retroactivo por lo que no afectará a los contratos públicos actualmente en vigor.

Además de estas exclusiones, se establecen los requisitos que han de cumplirse para los futuros contratos públicos, por ejemplo, que la revisión refleje una estructura de costes basada en los principios de eficiencia y buena gestión empresarial. Según el Ministerio de Economía, esta exigencia evitará que la Administración o los usuarios de servicios públicos tengan que hacer frente a un sobrecoste de los servicios por unas prácticas empresariales poco rigoristas.

TRANSPORTES

Con este reglamento, las empresas públicas del transporte (Renfe o los consorcios municipales o autonómicos) podrán revisar los precios de sus billetes con arreglo a la evolución de las materias primas y trasladarlo, o no, al consumidor. En todo caso, de lo que se trata es de evitar las revisiones automáticas en función de los brotes inflacionistas en determinados servicios públicos como billetes de autobús, tren, peajes de autopistas, precios de medicamentos, precios regulados del gas o la electricidad.

Hay excepciones a esta exclusión siempre y cuando la revisión de los precios refleje la evolución ajustada de los costes de la actividad de la que se trata. Concretamente, el reglamento regula el conjunto de valores monetarios que pueden acogerse al régimen de revisión periódica en función de índices específicos de precios. Es el caso de algunos precios energéticos regulados como la bombona de butano, la tarifa de último recurso de gas natural, el transporte y distribución de electricidad o el Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor de electricidad (PVPC).

También habrá excepciones en el caso de los contratos dearrendamientos de inmuebles en los que intervenga el sector público y en los contratos de obras y concesiones a largo plazo, es decir, aquellos que requieren cuantiosas inversiones y de un período de recuperación de las mismas que exceda los cinco años. Se considerarán únicamente los costes indispensables y significativos para la actividad y cuya evolución sea impredecible. No se permite indexar costes financieros, amortizaciones, gastos generales y de estructura, ni el beneficio industrial.

ALERTA SINDICAL

Los sindicatos UGT y CCOO han hecho sonar las alarmas por lo que a su entender supone una injerencia del Gobierno en la negociación colectiva. Las limitaciones que el reglamento impone para aumentar los costes de los servicios de las empresas prestan a la administración se puede traducir en una extensión de la moderación o congelación salarial ya que las empresas se atendrán a las restricciones que se les impone para no aumentar los salarios.

La UGT duda de que la ley vaya a lograr la estabilidad de los precios ni mejorar la competitividad. En opinión de este sindicato se trata de imponer a todos los sectores un criterio presupuestario cuando la moderación de precios pasa porque "las administraciones sean responsables en su política presupuestaria y en la determinación de los precios públicos y las empresas tengan esta misma actitud para determinar el precio de sus productos".