La Comisión Mixta (Congreso-Senado) para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas ha rechazado este jueves, con los votos del PP, una propuesta del PSOE para que Patrimonio Nacional deje de pagar los gastos propios del funcionamiento de la Casa del Rey, de manera que éstos sean atendidos directamente por la alta institución.

La iniciativa ha contado con el apoyo de Unidos Podemos y la abstención de Ciudadanos en una sesión en la que no estaban presentes ERC, PNV ni PDeCAT. De haber acudido y apoyado la moción, ésta habría salido adelante, puesto que PSOE, Unidos Podemos y los nacionalistas suman 18 votos, frente a los 17 del PP.

En concreto, lo que se ha rechazado era una propuesta de resolución al informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas sobre el Consejo de Administración de Patrimonio Nacional, correspondiente a 2013.

Los socialistas defendían que los gastos propios del funcionamiento de la Casa del Rey los pagase la propia institución y que, para ello, se aprobasen las modificaciones presupuestarias y la dotación de recursos humanos necesarios.

Con su propuesta los socialistas retomaban una idea esbozada por el propio Tribunal de Cuentas en el borrador de su informe que remitió a Patrimonio para que hiciera las alegaciones oportunas.

Sin reclamar la liquidación a la Fundación Valle de los Caídos

Además, la ausencia de estos diputados también ha provocado que se rechace otra iniciativa socialista para abrir la puerta a la liquidación de la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos.

Esa liquidación también era una propuesta de resolución al informe del Tribunal sobre el Consejo de Administración de Patrimonio Nacional de 2013. De hecho, el propio tribunal abogaba en el primer borrador de su informe por la "extinción" la fundación por su "indudable inviabilidad económica".

Sin embargo, tras las alegaciones formuladas por Patrimonio Nacional, el órgano que preside Ramón Álvarez de Miranda, rebajó la recomendación y optó por limitarse a aconsejar que se tomaran medidas para esclarecer el régimen jurídico que se le debe aplicar a la fundación, especialmente en el ámbito económico-financiero, así como su modelo de gestión, todo ello sin perder de vista la posibilidad de liquidarla.