El presidente del PP de Andalucía, Juan Manuel MorenoBonillo, ha dado instrucciones al portavoz parlamentario de su grupo, Carlos Rojas, para que cancele la reunión que estaba prevista para esta tarde con el PSOE para negociar la investidura de Susana Díaz como presidenta de la Junta de Andalucía. El nuevo encuentro queda condicionado a que Díaz dé explicaciones, como presidenta en funciones y líder de los socialistas andaluces, sobre las supuestas irregularidades en la adjudicación de la mina de Aznalcóllar, cuya reapertura investiga ya un juzgado de Sevilla.

De esta manera, y tras el 'no' anunciado anoche por los dirigentes de Podemos y esta misma mañana por IU, la tercera votación para que Díaz sea investida presidenta de la Junta de Andalucía será infructuosa. Al PSOE solo le queda por tanto negociar con Ciudadanos para que esta fuerza ción apoye con un 'sí' la designación de la socialista si quiere que la formación de Gobierno esté resuelta antes de las elecciones del 24-M.

La decisión del PP-A ha sido anunciada por Moreno en un acto de campaña de las municipales y autonómicas en Linares (Jaén), tras conocerse el auto de la jueza de instrucción 3 de Sevilla que entiende que en el procedimiento de adjudicación a la empresa Magtel no se observa "el más mínimo rigor" e incluso se aprecian indicios de trato de favor en otras subvenciones y expedientes a esta sociedad. Según Moreno, con este caso Díaz tiene una "magnífica oportunidad" de demostrar que es "implacable" contra la corrupción.

El escándalo por la adjudicación de la reapertura de la mina, que provocó un grave vertido tóxico en 1998 en las puertas de Doñana, afecta de lleno a la líder socialista, ya que la reapertura del proyecto fue iniciativa suya para la creación de cientos de puestos de trabajo y todo el expediente se realizó ya durante su gobierno. Algunas informaciones apuntan incluso a una "relación privilegiada" entre la adjudicataria Mantel y el PSOE tanto regional como federal en época de José Luis Rodríguez Zapatero. También los ecologistas cuestionaron esta adjudicación dado que otra de las empresas del consorcio adjudicatario, Minorbis, causó un vertido tóxico al rio Sonora, considerado el mayor desastre medioambiental en la historia de México.