La ola de frío que asola Madrid se coló ayer en el Congreso de los Diputados, donde sobre la alfombra roja para conmemorar el 39º aniversario de la Constitución, PP y PSOE confirmaron que los que tienen visos de ser los cambios más sustantivos desde la Transición, la reforma de la Constitución y un nuevo modelo de financiación autonómica, quedan congelados hasta que se forme el nuevo Gobierno catalán.

El bipartidismo asume que los proyectos de reforma deben esperar en dique seco hasta que se conozca el nuevo presidente tras el 21-D, pero Mariano Rajoy volvió a advertir de que la opción de celebrar un referéndum independentista no estará en los cambios de la ley fundamental, una línea roja a tener muy en cuenta ya que el dirigente conservador insistió en que se volverá a presentar en el 2020. «No he hecho nada tan malo, ¿no?», se defendió con sorna ante los periodistas.

EXIGENCIAS AUTONÓMICAS

Al acto del Día de la Constitución acudieron varios presidentes autonómicos que aprovecharon su visita a Madrid para reclamar el prometido modelo de financiación. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, señaló que el nuevo sistema «debe esperar a Cataluña». Considera que la Generalitat debe tener voz en el nuevo diseño y no convocará el Consejo de Política Fiscal y Financiera hasta que no se forme el nuevo Govern.

El ministro eludió responder a las ilusiones de los presidentes autonómicos, del PSOE y también del Partido Popular. No cede a la andaluza Susana Díaz, que reclamó urgencia; no se pronuncia sobre la propuesta de la popular Cristina Cifuentes para que País Vasco y Navarra aporten dinero al fondo de solidaridad territorial; y no contesta al presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, que se queja de que Euskadi recibe más financiación por habitante que el resto de España.

También en el congelador del invierno catalán se queda la reforma constitucional. El PP y el PSOE sugieren que, aunque los trabajos se pueden adelantar en esta legislatura, es casi imposible que la actualización de la Carta Magna se valide antes del 2020.

Por el momento, en enero se pone en marcha en el Congreso la comisión territorial impulsada por los socialistas. Su líder, Pedro Sánchez, adelantó en conversaciones informales con la prensa que además de contar con catedráticos, el órgano escuchará las propuestas de la sociedad civil, politólogos y medios de comunicación.

Tras los seis meses establecidos para esta comisión, se creará una subcomisión de estudio de la reforma constitucional, aproximadamente en septiembre de 2018. De ese espacio de reflexión debería nacer una hoja de ruta. Rajoy advierte de que, en todo caso, es imprescindible un apoyo que rebase el acuerdo de PP-PSOE-Ciudadanos, algo que le parece difícilmente conquistable por la posición de bloqueo que mantienen Podemos y los partidos nacionalistas.

Sánchez es más optimista que Rajoy (con el que dice que ahora mantiene una relación «fluida» y «constante»), y también que Pablo Iglesias y Albert Rivera. El líder del PSOE opina que, tras las elecciones catalanas, los partidos se sumarán a los trabajos para enhebrar una propuesta de reforma, que de momento solo suma a populares, socialistas y naranjas.

EL PROCESO, «KAPUT»

En la recepción celebrada tras el acto oficial del 39º aniversario de la Constitución se habló más del procés (que Soraya Sáenz de Santamaría ve «kaput») y de pactos poselectorales en Cataluña que de la Carta Magna.

Populares y socialistas se negaron a elucubrar con una eventual victoria de las tesis separatistas el 21-D y confiaron en la viabilidad de un tetris que sume a los autodenominados constitucionalistas.

Iglesias agitó el fantasma de la repetición electoral (que ya auguró hace unos días el PPC). Opinó que los vetos mutuos de PSC y C’s impedirán la formación de un nuevo Govern y se mostró dispuesto a asumir la erosión.