Si Mariano Rajoy quiere evitar elecciones en Navidad tendrá que mojarse y asumir la paternidad de la iniciativa parlamentaria imprescindible para evitarlo: una reforma de la Ley Electoral que recorte una semana la campaña. Pero el PP no está dispuesto a cargar con la losa que significa abanderar esa propuesta, y ha intentado parasitar una proposición de ley que UPN registró en el Congreso de los Diputados en esa misma dirección.

La maniobra, sin embargo, no tiene visos de prosperar, porque no cuenta con el apoyo del PSOE ni de un grupo clave en la operación, el Partit Demòcrata, los independentistas catalanes, de modo que los conservadores no descartan ceder y presentar su propio texto, que podrían tramitar tras los comicios del 25 de septiembre.

Fuentes del PP aseguran que nada está decidido aún, pero admiten que se reducen las posibilidades de usar la propuesta de los navarros. Como se integran en el Grupo Mixto, no pueden introducir iniciativas hasta el tercer pleno de la legislatura. Pero además, y aquí está el verdadero escollo, UPN tiene que esperar a que le toque turno dentro del propio Mixto. La tradición parlamentaria indica que tiene preferencia la fuerza política con más diputados, que es el Partit Demòcrata. Y según ha confirmado Francesc Homs no tiene la más mínima intención de ceder su puesto a los navarros para que Rajoy pueda pasar de perfil.

Homs quiere que el líder conservador asuma su responsabilidad. A fin de cuentas, cuando eligió el 30 de agosto para el debate de investidura, sabía que un fracaso implicaba que las elecciones serían el 25-D, y si escogió esa fecha fue precisamente en un último intento de presionar a Pedro Sánchez a una abstención que no llegó. El portavoz del Partit Demòcrata asegura que ni siquiera le han solicitado aún que ceda su turno a UPN, pero es previsible que eso suceda este miércoles. Homs, asegura, se negará y obligará al PP a presentar una iniciativa propia de reforma de la Ley Electoral.

El PP no tendrá demasiado tiempo. El trámite parlamentario de urgencia requiere un mínimo de 20 días hábiles. Eso implica que, o bien se acelera y la Junta de este miércoles acuerda llevarlo al pleno del 27 de septiembre, o bien se espera y se incluye en la sesión del 4 de octubre. Después ya no daría tiempo a aprobarlo antes de la disolución de las Cortes, el 30-O, algo inevitable si no hay presidente.

Aún así, necesitará que el Gobierno informe positivamente. El Ejecutivo tiene 30 días hábiles para enviar ese informe, puede hacerlo el primero (y permitir la reforma) o el último (y bloquearla), aunque esta posibilidad es remota puesto que la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, ya anunció que no iban a obstaculizarla.

Por suparte, el PSOE asegura que la propuesta de UPN es una chapuza técnica con varios errores que de mantenerse el texto supondría mantener las elecciones el 25 de diciembre. No obstante reconocen que hay tiempo para modificar el texto y hacerlo bien a lo largo del proceso parlamentario antes de su aprobación. H