La tesorera-gerente nacional del Partido Popular, Carmen Navarro, ha declarado este lunes como investigada en la pieza que estudia posibles irregularidades en la financiación de las campañas electorales que permitieron a la fallecida Rita Barberá mantenerse como alcaldesa de València en el 2007, el 2011 y el 2015, lo que de confirmarse supondría un delito electoral continuado. Navarro, responsable nacional popular en las dos últimas convocatorias, se ha desentendido de esas posibles actuaciones y las ha vinculado por una parte a la dirección provincial y por otra al grupo municipal popular en el Ayuntamiento, sobre el que el PP no tiene formalmente ninguna responsabilidad.

Sucesora de José Manuel Romay Beccaría y Luis Bárcenas como tesorera nacional del PP en el 2012, Navarro es gerente del partido desde el 2010 y fue la administradora en las elecciones municipales del 2011 y 2015, de ahí que haya sido citada como investigada, antes imputada. La dirigente popular no ha querido hacer declaraciones a su entrada a la Ciutat de la Justícia y se ha escabullido tras su comparecencia por la salida del juzgado de guardia, una maniobra no autorizada.

Según explicaron a Efe fuentes judiciales, la dirigente popular, que ha respondido al juez, al fiscal y a su abogado, ha dicho que no es consciente de que en esas dos últimas citas electorales municipales se pagaran gastos de la campaña de Barberá con dinero negro y tampoco de que en el 2015 concejales, asesores y trabajadores del grupo hubieran hecho una aportación de 1.000 euros que luego supuestamente se les devolvió con dos billetes de 500. Navarro se ha limitado a señalar que desde su cargo, comunicó a los responsables del PP provincial valenciano el dinero que se podían gastar en la campaña y que eran los gerentes provinciales los encargados del control directo de las cuentas de cada municipio. En el caso de Valencia en 2011 y 2015 sería José Antonio Moscardo.

De la pantalla Laterne, al 'pitufeo'

El informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil en el que se basa el auto del juez apuntaba a Alfonso Grau, mano derecha de Barberá durante dos décadas, como el director de una operación que permitió al PP de la ciudad de València multiplicar por 20 el gasto real declarado para la campaña del 2007. Declaró haber gastado 133.762 euros pero, según la UCO, habría gastado al menos 2.683.750 euros.

Navarro ha dicho que no tuvo relación con Grau. Según los indicios, el partido habría contratado a la empresa Laterne por la cantidad oficial para que se ocupara de los actos pero, a su vez, esta empresa habría pagado también con aportaciones de diferentes contratistas del ayuntamiento a los que habría facturado por servicios no realizados.

Ahora se investiga si en el 2011 se repitió el 'modus operandi' con la empresa Trasgos. En cuanto al 2015, se sospecha que se requirieron esas aportaciones de mil euros, que luego se habrían devuelto, para poder pagar actos con dinero negro que tenían guardado los responsables de otras ‘mordidas’. Este lunes también estaba citado a declarar un responsable de la empresa JCDecaux, adjudicataria entre otros servicios del de bicicletas municipales. El auto del juez nombraba expresamente a Bárcenas, pero como el ex tesorero sólo era responsable de las cuentas del 2007 y no habría continuidad, su posible delito habría prescrito.