El PP avanza en su amenaza de llevar a los tribunales la comisión de investigación que fiscalizará su financiación ilegal. PSOE, Unidos Podemos y Ciudadanos se opusieron en bloque este martes al intento de los populares de acotar el ámbito territorial y temporal del análisis, en un pacto que frustra el intento del partido del Gobierno de limitar hasta dónde puede llegar la lupa parlamentaria. El acuerdo se votará este miércoles en una nueva reunión de la comisión.
Los populares querían solicitar un informe jurídico para poner límites a la investigación, pero la oposición rechazó de plano su propuesta. Ahora están dispuestos a llevar el asunto a la justicia porque consideran que el resto de grupos quiere "implantar laInquisición" y abrir una "causa general contra el PP por razones electorales". Recuerdan que ganaron un caso similar en el Ayuntamiento de Madrid.
PRIMERO, A LA MESA DEL CONGRESO
El vicesecretario de organización, Fernando Martínez-Maíllo,explicó que, aunque acudirán a la Mesa del Congreso en búsqueda de una solución, el acuerdo de la oposición dificulta que salga una decisión distinta en este órgano, por lo que el PP recurrirá en los tribunales esta cuestión, incluida la posibilidad de acudir al Tribunal Constitucional.
Consideran que, como el delito de financiación ilegal no se tipificó hasta el 2015 en la reforma del Código Penal, la comisión no puede estudiar las cuentas de su partido anteriores a esa fecha. La oposición no está dispuesta a limitar el estudio a dos años y sostiene que, más allá del tipo delictivo, el objeto de la investigación es esclarecer si hubo financiación irregular. El trámite con el que amenaza el PP no impediría en todo caso el funcionamiento de la iniciativa parlamentaria.
PSOE, Unidos Podemos y Ciudadanos se felicitan por un acuerdo que permite poner en marcha la comisión de inmediato. "No vamos a permitir que el PP obstaculice con mala fe los trabajos de esta comisión", advirtió la socialista Soraya Rodríguez.
COMPARECERÁN LOS TESOREROS
Por lo pronto, este miércoles se aprobarán los comparecencias de los tesoreros y gerentes del PP: Luis Bárcenas, Carmen Navarro, Ángel Sanchís Perales, Cristóbal Páez y Rosendo Naseiro. Si no hay sorpresas, las declaraciones podrían comenzar entre la última semana de junio y la segunda de julio. El orden de los comparecientes se altera a petición de C's. Aunque el PSOE prefería llamar en primera instancia al presidente, Mariano Rajoy, el partido de Rivera ha impuesto el criterio de que resulta más fructífero pedir su testimonio después de escuchar a los tesoreros. El portavoz de C’s en la comisión, Toni Cantó, recordó que los populares deben asumir lo que firmaron en el pacto de investidura.
El acuerdo en el Congreso amargó la tranquilidad con la que el PP pudo lanzar en el Senado la comisión de investigación de todos los partidos que ha promovido para contrarrestar el ímpetu fiscalizador de la Cámara baja. Los populares revivieron lo fácil que es trabajar con mayoría absoluta y obviaron cualquier intento de pluralidad. Se quedó con la presidencia, la primera vicepresidencia y uno de los secretarios. Los otros dos miembros se los cedió al PSOE, por la representatividad que arrojaron las urnas, apuntaron.
LA COMISIÓN DEL SENADO NACE "MUERTA"
La exconsejera andaluza Elena Víboras, portavoz del partido socialista en la comisión, dijo en los pasillos que es "una pantomima para desviar el foco del Congreso al Senado". "Esta comisión nace ya muerta", sentenció.
El portavoz de Unidos Podemos, Óscar Guardingo, fue también muy crítico y ya avisó de que no tenían ningún problema si el PP quiere convocar a Pablo Iglesias. "A lo mejor les explica cómo se financia un partido dentro de la normativa legal", exclamó.
