Las pensiones contributivas subirán el 0,25% en el 2015, según establece el proyecto de ley de los presupuestos generales del Estado que presenta el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en el Congreso. La subida del 0,25% es la mínima prevista según el nuevo cálculo de revalorización de las pensiones, que ya no tiene en cuenta el IPC.

El proyecto de las cuentas del Estado también prevé que la deuda superará el 100% del producto interior bruto (PIB). En concreto, alcanzará el 101,7% del PIB. Por otra parte, el gasto en infraestructuras subirá el 12,6%. El gasto social pesa el 53,9% del gasto total del presupuesto para el 2015.

Según el proyecto de presupuestos, la pensión de jubilación será de 10.960,60 euros anuales para los mayores de 65 años con cónyuge a cargo, 8.883 euros si no tienen cónyuge y 8.426,60 si tienen cónyuge pero no a cargo. La pensión de viudedad, para los titulares con cargas familiares, será de 10.273 euros al año, y de 8.883 euros para los mayores de 65 años o con discapacidad.

Con la revalorización de las pensiones, en línea con la del pasado año, y teniendo en cuenta la previsión de incremento del número de pensionistas y la variación de la pensión media, el Gobierno prevé un gasto de prestaciones contributivas de 115.669,23 millones de euros, el 3,2% más. Sumando prestaciones contributivas y no contributivas y clases pasivas, el gasto a destinar por la Seguridad Social será de 131.658,93 millones de euros, lo que supone un incremento del 3,3% respecto a 2014.

Distribución

Por tipos de pensión, las de jubilación son las que más gasto suponen, con 80.816,3 millones de euros, seguidas de las de viudedad (20.776,6 millones), las de incapacidad (12.028 millones), las de orfandad (1.762,6 millones) y aquellas en favor de familiares (285,4 millones). La dotación asignada para proteger situaciones de maternidad, paternidad, riesgo durante el embarazo y riesgos durante la lactancia natural desciende un 3,7%, hasta los 2.098,2 millones de euros.

Asimismo, se destinarán un total de 4.942,7 millones de euros, un 1,3% más, para el pago de subsidios por incapacidad temporal, prestaciones que concede la Seguridad Social a través de las entidades gestoras o de las mutuas por bajas laborales derivadas de enfermedades comunes o profesionales, y accidentes no laborales o laborales.

En cuanto al programa de Prestaciones de Garantía Salarial (abono a los trabajadores tanto de los salarios pendientes de pago a causa de insolvencia como de las indemnizaciones por despido reconocidas como consecuencia de una sentencia) la dotación desciende a 1.064 millones de euros, un 22,7% menos, de los que 1.036,5 millones de euros corresponden al pago de prestaciones del Fondo de Garantía Salarial (Fogasa).