La ley de memoria histórica, impulsada contra viento y marea por José Luis Rodríguez Zapatero y que Mariano Rajoy dejó en papel mojado al retirarle el presupuesto, cumple este mes 10 años. El aniversario llega en un momento en el que la izquierda, incluido el PSOE, y los nacionalistas impulsan varias iniciativas para reformar o superar la norma, aprovechando la minoría del PP.

La polémica legislación vio la luz el 26 de diciembre del 2007, después de una agitada tramitación, en la que el PP se opuso con fuerza porque suponía «abrir viejas heridas». Del otro lado, los colectivos de víctimas del franquismo consideraron que sus preceptos en pro del reconocimiento y la ampliación de derechos eran insuficientes.

Hoy en día, la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), encargada de la mayoría de las exhumaciones de fosas con restos de represaliados, considera que la ley «no da satisfacción a los tres elementos que conforman los programas de transición de las dictaduras a la democracia: verdad, justicia y reparación».

DEROGADA DE FACTO / La llegada de Mariano Rajoy a la Moncloa trajo consigo la derogación de facto de la ley. Desde el Gobierno central se sostiene que se sigue aplicando, pero no se facilita la cantidad anual que se destina a la misma y se reconoce que no se ha ayudado a la apertura de ninguna fosa, pese a que la ley habla de la «colaboración» del Estado en su localización y apertura. En estos diez años, eso sí, se han emitido 2.446 declaraciones de nulidad y se han concedido 337.642 nacionalidades a exiliados y miembros de las brigadas internacionales. «Hay aspectos con los que el PP coincide plenamente y otros no, pero todos ellos constituyen el derecho vigente y se cumplen inexorablemente», afirma el portavoz popular en la comisión constitucional, Francisco Martínez.

El Partido Popular, no obstante, es partidario de «mirar al futuro» y con este mantra es el único partido que se opone a perfeccionar la norma, en línea con las recomendaciones de la ONU. Ciudadanos (C’s) está abierto a la introducción de cambios «siempre que se busque el consenso y no se usen con fines partidistas ni para tapar debates que importan»; mientras que el resto de partidos promueven modificaciones de forma activa. Podemos, por ejemplo, considera «urgente» que se preste una «verdadera atención a los damnificados» y, especialmente, se les ayude a dar digna sepultura a sus allegados, según explica el diputado Eduardo Sotos.

SENTENCIAS / En estos momentos la iniciativa que cuenta con más apoyos es la promovida por el PDECat para declarar nulas las sentencias franquistas. La ley de memoria reconoce su «ilegitimidad» porque se contaba con que serían los jueces los que declararían la nulidad de los procesos, pero no fue así.

Tampoco los tribunales españoles han enjuiciado los crímenes de la dictadura, en base a la ley de amnistía de 1977, que exoneró los delitos comprendidos entre 1936 y la transición. Por ello, decenas de víctimas se han visto forzadas a llamar a la puerta de juzgados extranjeros, especialmente en Argentina, donde está abierta la llamada querella Argentina, que tiene pocos visos de prosperar, precisamente por la poca colaboración del Gobierno español.

De ahí que la izquierda y las fuerzas nacionalistas hayan registrado una iniciativa que busca añadir a la ley de amnistía un único artículo que deje claro que sus disposiciones no impedirán sentenciar delitos de genocidio o lesa humanidad. Si bien, esta reforma tiene pocos visos de salir adelante porque no cuenta con el apoyo del PSOE.