El ‘número dos’ de la trama 'Gürtel' aseguró este lunes ante el tribunal que él tenía “información” desde noviembre de 2008 de que “desde el despacho de (Alfredo Pérez) Rubalcaba, y luego de (Antonio) Camacho” con “policías amigos” se estaba “organizando una operación contra el Partido Popular”, al que iba se iba a llegar a través de Francisco “Correa por su relación con (Alejandro) Agag”, yerno del expresidente del gobierno José María Aznar.

De ahí que a partir de ese momento tuviera cuidado en hablar por teléfono, como le recriminaba Correa en sus conversaciones telefónicas que le consideraba “paranoico” por las precauciones que adoptó desde que recibió el aviso. “Recibí la información en noviembre de 2008 de una persona que no voy a decir aquí”, aseguró Crespo.

El turno de Crespo llegó después de escuchar a los acusados arrepentidos y al propio Francisco Correa e inauguró el de los que fueron empleados del cabecilla de la trama. El exsecretario de organización del PP gallego Pablo Crespo negó los hechos que le imputa el ministerio fiscal y se negó a ratificar sus tres primeras declaraciones, ante la policía, ante el primero instructor, Baltasar Garzón, y ante el magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ya fallecido, Antonio Pedreira. Señaló que en ese momento ignoraba que sus conversaciones con su abogado estaban siendo escuchadas.

Según Crespo, Ramón Blanco Balín, gestor de las empresas de Correa, al que se juzga en otras piezas del caso, también sabía que se preparaba una operación que se concretó en el 'caso Gürtel', por la rapidez con la que transfirió la titularidad de las sociedades de Correa, que fundamentalmente pasaron a él y al primo del principal acusado, Antoine Sánchez, sólo ocho días antes de que se produjeran los arrestos. Pese a ello, el acusado aseguró que no creía que su jefe actuara con opacidad, porque todos "los clientes, proveedores y trabajadores" sabían que Correa era el verdadero titular de las sociedades del grupo. Luego admitió que lo hacía para lograr opacidad fiscal, tras el fracaso de una operación inmobiliaria que había sufrido.

Crespo está respondiendo a todas las preguntas que le está haciendo la fiscal del caso Concepción Sabadell, pero, a diferencia de Correa, no tiene intención de pronunciarse sobre hechos que se investiguen en otras piezas del caso, lo que apunta a que vetará cualquier posibilidad de ahondar en el reparto de comisiones declarado durante tres días por el cabecilla de la trama. En cualquier caso, Correa tuvo buen cuidado en exculpar a sus empleados, salvo aFelisa Isabel Jordán, y precisar que él era el único que hablaba y tenía relación con políticos; que era él quien les entregaba sobres en mano y quien les obsequiaba con regalos. Lo que pudieran haber hecho ilegal, fue por instrucción suya, vino a decir el principal acusado.

Crespo, que se enfrenta a una petición fiscal de 85 años y medio de cárcel, sólo tendrá que mantener esta versión de la declaración de Correa que le desvincula de las prácticas corruptas de la trama, juzgada por enriquecerse mediante la entrega dádivas y comisiones a responsables del PP a cambio de adjudicaciones de obras públicas en las administraciones controladas por este partido.

REAPERTURA DEL CASO DE LA CAJA B

Fuentes próximas a Crespo confirman que el lugarteniente de Correa no tenía tratos con los políticos y que con el extesorero del partidoLuis Bárcenas su relación era únicamente para cobrar los actos y eventos que sus empresas organizaban para el PP. Además, su intención es no responder a preguntas que puedan tener repercusión en otras piezas del caso, aún pendientes de juicio, por lo que es difícil que responda en la misma línea que Correa sobre las comisiones pagadas por empresarios afines al PP para lograr contratos públicos, porque eso correspondería a la causa de los 'papeles de Bárcenas', en la que se investiga al caja B del partido.

De hecho, la declaración del principal acusado ya ha llevado a las acusaciones a solicitar la reapertura de esta pieza, cuya instrucción se daba ya por concluida, para que declaren como imputados los empresarios identificados por Correa, como Juan Miguel Villar Mir, de OHL, o el también acusado en este caso, Alfonso García Pozuelo, de Constructora Hispánica.

Y eso que en 2013, Crespo admitió a Jordi Évole, en el programa 'Salvados', que había entregado sobresueldos no declarados a políticos gallegos del PP. Previsiblemente por estos hechos ni siquiera será interrogado, porque quedan fuera del procedimiento donde se investigan las prácticas realizadas por la Gürtel durante su primera época, entre 1999 y 2005.

La fiscalía Anticorrupción imputa a Crespo los delitos de asociación ilícita, fraude continuado a las Administraciones Públicas, cohecho activo continuado, falsedad continuada, malversación de caudales públicos continuado, continuado de malversción en concurso con deilto de prevaricación continuada, delito contra la Hacienda Pública por el concepto de IRPF de 2003 y 2004, blanqueo de capitales, tráfico de influencias continuado, continuado de fraudes y exacciones ilegales a las Administraciones.