Todo igual, cada uno en su derrota de colisión con su adversario, tal y como se ha sancionado en la reunión de la Junta de Seguridad celebrada ayer. Y es que la celebración del cónclave de este organismo de enlace entre el Gobierno, vía Ministerio del Interior, y la Generalitat, presidida por Carles Puigdemont, no ha aportado nada más que una nueva ocasión para el enroque: por un lado, el ministerio insiste en que el referéndum es ilegal y que el Gobierno «no permitirá, ni puede permitir» que se celebre. Por el otro, la Generalitat ha dado claras pistas de que hará lo posible por mantener adelante la votación.
La reunión fue muy tensa. A diferencia de la reunión del 10 de julio, aún con el consejero Jordi Jané, hubo pocas sonrisas en el Palacio de Pedralbes. Lo desveló el propio secretario de Estado de Interior, José Antonio Nieto: «Hemos venido a pesar de que no se había pactado fecha ni orden del día». La conclusión que han trasladado a sus equipos alguno de los participantes en la reunión es que el Gobierno central «busca el conflicto». Y que habrá agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (Policía y Guardia Civil) en los colegios, si hay permiso judicial, porque el Estado no se fía de los Mossos.
Y es que, en la lectura del Ejecutivo central, el cumplimiento de las órdenes judiciales (impedir el referéndum) se «equipara con el mantenimiento del orden público». Mientras que la Generalitat, por su parte, «prioriza la tranquilidad en las calles», lo que supone, en definitiva, abrir una puerta trasera para que haya votaciones, afirman fuentes del Gobierno, informa Gemma Robles.
En el momento más tenso de la reunión, Enric Millo, aseguraron fuentes del Gobierno catalán, pidió a Puigdemont que desconvoque el referéndum, algo que fue descartado por la trinchera catalana. Nieto mostró el «compromiso absoluto y toda la determinación» necesaria para impedir la consulta vinculante. «Si no se vulnera lo dispuesto por la juez», es decir, si no se abren los colegios electorales, «no tiene por qué haber una respuesta violenta», aseveró el número dos de Interior, quien hizo votos para que la ciudadanía catalana mantenga en todo momento un tono reivindicativo «pacífico». El Gobierno de Mariano Rajoy «no va a permitir ni puede permitir» que se celebre el referéndum, sentenció.
MOVILIZACIONES / Nieto incluso se atrevió a sugerir movilizaciones sustitutivas del referéndum, como manifestaciones e, incluso, «un picnic». En cambio, en un sentido radicalmente opuesto, el consejero de Interior, Joaquim Forn, dejó claro que se permitirá la celebración del referéndum y que en todo caso, los Mossos, en su función de policía judicial, actuarán --según dijo en la reunión el propio presidente Carles Puigdemont-- con «oportunidad y congruencia» y que por encima de todo existe un bien supremo que es la «convivencia ciudadana».
Forn fue explícito cuando le preguntaron si se permitirá la consulta: «El compromiso del Govern es clarísimo: que se pueda votar y se pueda hacer [el referéndum]» y añadió que «como policía judicial tenemos un mandato que no podemos obviar y hemos de cumplir de la mejor manera posible, que no cree problemas más grandes de lo que se quiere evitar, este es el bien superior; en un momento en el que habrá miles de personas que saldrán a la calle a expresar una voluntad política, tendremos que decidir de qué manera se hace y cómo».
Y es que en la reunión, Puigdemont se hizo fuerte en la defensa de las competencias sobre orden público que mantienen los Mossos. A este punto, Interior opuso el auto judicial por el que se crea el mando de coordinación, dirigido por Diego Pérez de los Cobos.
Preguntado sobre cómo se conjuga la voluntad de permitir el referéndum con el cumplimiento de las órdenes judiciales, Forn contestó que «se tendrá que hacer, nos tendremos que romper la cabeza, no pararemos la convocatoria del referéndum y tampoco podemos poner contra las cuerdas a la policía».
VOTAR EN LA CALLE / El consejero subrayó que las órdenes iniciales del fiscal del TSJC para realizar un cordón de seguridad de 100 metros en torno a los colegios electorales y actuar incluso en la vía pública han quedado anulados al tomar el mando la magistrada del juzgado 13 del TSJC. Algo que aligera la presión sobre la policía autonómica. Precisamente, las votaciones en la calle son algo a lo que el Gobierno no teme, porque consideran que, a nivel internacional, otorgan poca seriedad a la cita electoral.
