Son raras las ocasiones en las que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y los representantes autonómicos están en el mismo frente. Normalmente el ministro aprieta y las autonomías se revuelven. En estos días, sin embargo parecen ir en el mismo barco. Ambas partes están haciendo piña para impulsar una reforma exprés de la ley orgánica de estabilidad presupuestaria que permita a las comunidades cerrar los presupuestos del 2016 con más holgura, elaborar las cuentas del 2017 con un mayor margen de gasto y que el Tesoro financie sus déficits con cargo al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA).
En solo dos días (lunes y martes) Hacienda han desplegado una ronda de contactos con las 15 comunidades de régimen común (el martes, con el secretario de Economía de la Generalitat, Pere Aragonés).
Al mismo tiempo, este miércoles los presidentes de Extremadura y de Canarias, Guillermo Fernández Vara (PSOE) y Fernando Clavijo (Coalición Canaria), se han reunido en Madrid y han propuesto una reunión de todos los presidentes autonómicos, la tercera o cuarta semana de octubre, para lograr la información necesaria para confeccionar los presupuestos regionales de 2017. Ambos presidentes han pedido informes al Consejo de Estado sobre la solicitud formal de información al Gobierno para poder elaborar los presupuestos autonómicos, informa Juan Ruiz.
Nada de esto es casual. Forma parte de una misma estrategia.
OXÍGENO DE 4.400 MILLONES
Las autonomías quieren que el ministro les comunique lo antes posible con qué recursos contarán en el 2017: los ingresos a cuenta del sistema de financiación y la liquidación definitiva del 2015. Pero sobre todo, necesitan saber qué objetivo de déficit deberán cumplir este año y el próximo. A mayor objetivo de déficit, más capacidad de gasto y mayor financiación del FLA.
Y para conocer los nuevos objetivos de déficit hace falta nada menos que una reforma de una ley orgánica (la de estabilidad presupuestaria), en un tiempo récord y con un Gobierno en funciones, que no puede promover cambios legislativos y tiene que esperar que la iniciativa salga del Parlamento. La ley establece que el Consejo de Ministros debe aprobar los objetivos de déficit de las autonomías al tiempo que el techo del gasto del Estado y el proyecto de Presupuestos del Estado. Como un Gobierno en funciones no puede aprobar los presupuestos es preciso un cambio legal que permita fijar los objetivos de déficit autonómicos de forma separada.
Si no se cambia esta ley, las autonomías tendrán que ceñirse a unobjetivo de déficit del 0,3% del PIB este año y del 0,1% en el 2017. Si se cambia podrían acceder a los objetivos fijados en abril en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (0,7% y 0,5%) o incluso a otros más ambiciosos, con lo que ganarían un mayor margen de gasto de más de 4.400 millones cada año.
TRAMITACIÓN PARLAMENTARIA
De alguna manera, Hacienda quiere utilizar a los barones autonómicos para que presionen a sus respectivos líderes políticos y no obstruyan la tramitación de la reforma. Quiere evitar que la tramitación se convierta en una carrera de obstáculos en la que ningún partido quiera dar apoyo al PP sin intentar sacar nada a cambio.
El extremeño Guillermo Fernández Vara ha revelado una conversación telefónica con el líder socialista, Pedro Sánchez, este mismo miércoles. Ante los problemas de "gobernanza" que supone la imposibilidad de las comunidades de aprobar el gasto social que depende de las autonomías, a Vara le parece que las cuestiones internas del PSOE son algo "irrelevante".
“Estamos hablando todos con todos. Tenemos problemas muy parecidos”, ha afirmado el canario Fernando Clavijo, que está intentando concitar las voluntades de los presidentes autonómicos.
Mientras, el jefe de la Oficina Económica de la Moncloa, Álvaro Nadal, coordina contactos con todos los grupos de la oposición para desatascar otros asuntos urgentes que permanecen bloqueados por la interinidad del Gobierno, tales como la reforma de los pagos a cuenta del impuesto de Sociedades o la prórroga del mandato de la presidenta y la vicepresidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
