La Guardia Civil ha imputado a 111 personas en Jaén -tres empresarios y 108 supuestos trabajadores- que habrían accedido a prestaciones por desempleo a través de empresas sin actividad o poca actividad, según un comunicado de la Guardia Civil.

Las imputaciones se han producido en el marco de la Operación Santo, fruto de investigaciones llevadas a cabo durante los meses de abril y mayo, para verificar el carácter ficticio de varias empresas en la provincia de Jaén.

Las empresas, contra las que se ha iniciado un procedimiento sancionador están ubicadas en las localidades de Peal de Becerro y Mengíbar (Jaén).

La empresa de Peal de Becerro, no ejercía ningún tipo de actividad, ya que, a pesar de estar revestida de apariencia formal, ejercía labores simuladas con los supuestos trabajadores, persiguiendo esencialmente la percepción de distintas prestaciones económicas de la Seguridad Social, un cobro indebido que se repitió sucesivamente y por parte de hasta 41 personas.

Esta empresa además carecía de centro de trabajo donde desarrollar la actividad comercial.

En Mengíbar se han iniciado dos expedientes sancionadores a dos empresas que presentaban cierta actividad económica, pero no para la que se habían dado de alta, por lo que se les añadió la imputación del delito de simulación de la contratación de 67 trabajadores.

Ninguna de estas empresas contaba con infraestructura empresarial suficiente para el elevado número de trabajadores en alta y ambas contaban con centros de trabajo y trabajadores comunes.

Las dos practicaron altas fingidas y al conocer las actuaciones de Guardia Civil, se produjo la baja masiva de presuntos trabajadores.

Con estas intervenciones, además de a los 108 presuntos trabajadores, se ha imputado a los tres empresarios como presuntos autores de los delitos de facilitar a otras personas la realización, simulación o tergiversación de los hechos, de ocultación consciente, incumplimiento absoluto de la estimación directa de bases tributarias, existencia de contabilidades distintas.

Además, de ocultación o simulación de la verdadera situación de la empresa, ficción del periodo de alta, y simulación de una contratación de carácter laboral de duración determinada, causando con ello un perjuicio a la Administración Pública, todos ellos con los agravantes de la prolongación del fraude.