Manuel Moix no ha podido aguantar la presión de quedarse solo, sin ni siquiera el apoyo de la conservadora Asociación de Fiscales que le aupó al puesto, y este jueves presentó su renuncia "absolutamente irrevocable" por "motivos personales" como fiscal jefe de Anticorrupción. La dimisión se hizo pública por boca del fiscal general del Estado, José Manuel Maza, quien subrayó que no veía motivos para el cese y que no "pudo convencerle".
Moix ha sido el tercer jefe de la fiscalía especial desde su creación en 1995 y desde luego el de mandato más corto, ni tres meses. Aunque probablemente también haya sido el más conocido, pero por los continuos escándalos vividos desde su nombramiento hasta la gota que ha colmado el vaso, que se conociera que posee el 25% de una empresa radicada en Panamá.
En una comparecencia convocada con cuatro minutos de antelación, Maza, acompañado del fiscal de Sala jefe de la Unidad de Apoyo, Francisco Moreno, explicó que se "había reunido bastante tiempo" con Moix y gracias a ello había "constatado que no ha existido ningún tipo de irregularidad", porque "ilegalidad" la daba "ya por descontada", y ni siquiera "incompatibilidad", según lo previsto en el Estatuto Fiscal.
El fiscal general, que no dio pie a responder preguntas, aseguró que "no había motivos ni existen motivos" para aceptar el cese del fiscal jefe de Anticorrupción. Desde que Moix tomó posesión de su cargo el pasado 8 de marzo se ha sabido que el principal imputado del 'caso Lezo', el expresidente madrileño Ignacio González, se felicitó por su futuro nombramiento, una polémica a la que se sumó que se oponía a realizar un registro en la operación, decisión frenada por la oposición de los fiscales del caso que apelaron al artículo que obliga a convocar la Junta de Fiscales.
IMAGEN Y FONDO
Maza aprovechó la comparecencia para criticar sin mencionar a nadie a todos los que apoyaron a Moix y este miércoles le dejaron caer amparándose en "la imagen" de la Fiscalía, cuando sólo debería "ceder por algo más importante: el fondo de la institución". Se refería al Gobierno, que pasó de una defensa a ultranza a un tibio "eso corresponde al fiscal general", y a la asociación mayoritaria, la Asociación de Fiscales, que ayer se sumó a las otras dos, de talante progresista, que habían pedido la dimisión de Moix prácticamente desde su nombramiento.
Según el fiscal general, "la Fiscalía es autónoma y no solo del Gobierno y el Ejecutivo", sino de "cualquier influencia ajena y externa", por lo que "no debe ser comprometida en sus decisiones más que por el cumplimiento de la ley". Avanzó que convocará al Consejo Fiscal para que la sustitución de Moix, que tiene plaza en la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo, se produzca cuanto antes. Al frente de Anticorrupción de momento se situará la teniente fiscal del órgano, Belén Suárez.
UN ÚNICO APOYO
El propio Moix había asegurado el martes que no veía incompatible el hecho de ser copropietario de una sociedad 'offshore' con su cargo público, pero a medida que hacía declaraciones en distintos medios y se conocían detalles sobre la herencia la situación se iba haciendo más y más insostenible. Él mismo admitió que no habían liquidado la sociedad panameña porque hacerlo costaba unos 90.000 euros en impuestos. Para evitar pagar a Hacienda es precisamente para lo que se utilizan este tipo de empresas.
A día de hoy, Moix sólo contaba con el apoyo del fiscal general del Estado, que había afirmado este miércoles que no veía necesario ni abrir un expediente al fiscal, ni siquiera preliminar. El Gobierno dejó en manos de Maza el futuro de Moix. Tanto la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, como el ministro de Justicia, Rafael Catalá, señalaron que correspondía al fiscal general tomar esa decisión. La oposición en bloque había pedido su destitución.
Tras destapar el escándalo el digital 'Infolibre', Moix aseguró haber cumplido con todas las obligaciones fiscales en relación a la empresa, que heredó de sus padres junto a sus tres hermanos y cuya única propiedad es un chalet en el municipio madrileño de Collado Villalba, valorado en 570.000 euros. El fiscal aseguró que no habían liquidado la sociedad porque no pueden hacer frente a los gastos, y que está en venta pero no han encontrado comprador.
Después de que el propio presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, dijera el martes desde Portugal que continuaba confiando en Foix, Moix se quedó al día siguiente más solo, hasta el punto de que los fiscales conservadores que le auparon al cargo le pidieron que pusiera su cargo a disposición del fiscal general del Estado.
