AMPLICACIÓN / El Día de la Independencia catalana, si llega, ya tiene fecha aproximada. Será el propio 1 de octubre, o el 2 o, como mucho el 3. Los grupos de Junts pel Sí y la CUP han presentado este martes la ley del referéndum de autodeterminación en un acto en el Parlament, eso sí, sin entrarla aun en el registro de la Cámara, obviamente, para evitar la actuación del Tribunal Constitucional. La ley prevé que, si gana el ‘no’ en la consulta se convoquen, de manera inmediata, nuevas elecciones autonómicas. Y si vence el ‘sí’, según ha explicado la diputada anticapitalista Gabriela Serra, la proclamación de la independencia catalana en un plazo máximo de 48 horas desde el escrutinio.

Poco después, por cierto, la ministra de defensa, Dolores de Cospedal, recordó a navegantes que "por tierra, mar y aire, las Fuerzas Armadas y la Guardia Civil se encuentran donde haya que proteger los valores de la democracia y de la Constitución, pero también la integridad y soberanía" de España".

El texto de la iniciativa incluye un preámbulo que ejecuta lo que en las semanas precedentes se señalaba como ‘un acto de soberanía’ que permite desconectarse del ordenamiento jurídico español. Es decir, como Catalunya “es un sujeto político soberano”, algo ya dicho y votado (y recurrido por el TC) varias veces en el Parlament, se presenta este texto para amparar el referéndum. Lo que emana del texto es que esta ley sustituye a cualquier otra española con la que entre en contradicción en cuanto a la posibilidad de preparar y realizar un referèndum.

Según Marta Rovira (ERC), le ley se acoge a los derechos fundamentales presentes en todos los tratados internacionales. Esta mención no es baladí. Es obvio que el TC hará caso omiso a tal relación entre derechos fundamentales y ejercicio de la autodeterminación, pero es que los jefes del independentismo se preparan para la batalla legal que se puede abrir, en unos meses, en la arena de la justicia internacional. Fuera de micrófono, estos líderes se muestran absolutamente convencidos de que el caso se ganaría.

Se trata, por ejemplo, del artículo 1.2 de la Carta de las Naciones Unidas y el artículo 1 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la propia ONU.

“Estos tratados forman parte del ámbito jurídico español, por cuanto España los ha firmado”, ha asegurado Rovira, en el auditorio del Parlament ante los diputados de du coalición, los de la CUP, los de Podem (que no los de CSQEP) y el no adscrito, y solitario, Germà Gordó.

LA SINDICATURA ELECTORAL

La ley del referéndum prevé también la creación de la Sindicatura Electoral (SEC), una central, de cinco miembros, y cuatro provinciales, de tres miembros, todos ellos elegidos por mayoría absoluta por el Parlament. Este ente, “externo e independiente del Govern”, es la copia de la Junta Electoral central española que vela por la neutralidad y el pluralismo de las contiendas electorales. Será la SEC la que maneje el censo que le facilitará el Ejecutivo catalán, una lista que no requerirá, a diferencia del 9-N, de autorización o inscripción previa de los ciudadanos.

La SEC también realizará el sorteo de los miembros de las mesas. Todos los ciudadanos pueden ser llamados a presidir o ejercer una vocalía en unas de las 8.500 mesas. Eso sí, nada se ha dicho de qué pasará con aquellos que se nieguen a cumplir tal cometido.

El artículo 30.2 de la ley señala que “los ayuntamientos pondrán en manos de la Sindicatura los locales necesarios” para llevar a cabo el referéndum. Y si no fuera así, “el Govern podrá habilitar los locales” precisos para dar cumplimiento a las necesidades de las secciones electorales.

OBSERVADORES INTERNACIONALES

La SEC también acreditará un equipo de observadores internacionales que hará el seguimiento de todo el proceso, asistirá a todos los actos y preparativos que se celebren, y podrá emitir recomendaciones y hacer consultas.

El boceto de propuesta legislativo no incluye, como ya era sabido, ningún mínimo de participación, por aquello de que fijar un mínimo para dar validez al referéndum sería una invitación a los partidarios del 'no' de boicotear con su abstención la consulta. En este punto, el independentismo catalán sí abraza las recomendaciones de la llamada Comisión de Venecia.