El esperado informe jurídico de los letrados del Parlamento catalán ha puesto en un nuevo brete a la trinchera independentista. El texto de los servicios jurídicos apunta directamente a la línea de flotación de los secesionistas en su esperanza de mantener la mayoría absoluta sin que aquellos que se hallan en la cárcel o en Bélgica tengan que entregar sus actas. Pero, sobre todo, veta la posibilidad de que Carles Puigdemont sea investido a distancia, desde Bélgica, porque es «imprescindible» que el candidato esté presente en la Cámara catalana.

El informe señala que el cumplimiento del deber de asistir presencialmente a los plenos «se hace evidente y excluye» la delegación o sustitución del diputado en determinados debates especiales, como el de investidura. La característica propia de este pleno especial hace que, sin la presencia del candidato, en este caso Puigdemont, el debate quedaría huérfano «de un elemento esencial del procedimiento». «En estos debates se propicia un diálogo entre el candidato y el resto de diputados», alegan los letrados, que tiene como fin «convencer» para obtener el apoyo necesario que promueva la investidura. Tres cuartos de lo mismo ocurre con la moción de confianza.

Frente a las voces que recordaban que en el reglamento de la Cámara no se explicita que la investidura tenga que ser presencial, los ocho expertos exigen «el respeto a las reglas básicas de los procedimientos parlamentarios, que hacen imprescindible la presencia de los protagonistas».

Mientras, Mariano Rajoy advirtió ayer a Carles Puigdemont de que si intenta ser investido a distancia, el Gobierno mantendrá la aplicación del artículo 155 en Cataluña. «No se puede tomar posesión desde Bruselas», avisó Rajoy, que anunció que su Gobierno «recurriría inmediatamente esa disparatada decisión».